Este
artículo variaría en función de la semana en que fuera escrito, dada la
excepcionalidad de la situación en la que nos encontramos como consecuencia de
la pandemia causada por el coronavirus (COVID-19).
ACTUALIZACIÓN: Éste se ubica a finales de noviembre de 2021, esperando la envergadura de la sexta ola y en pleno debate sobre el pasaporte COVID.
- Actualización a 18 de noviembre de 2021 del Procedimiento de actuación de los Servicios de Prevención frente al coronavirus.
Introduce el concepto de Long Covid o Covid persistente/crónico, estableciendo que los Servicios de Prevención deberán valorar la reincorporación de dichos trabajadores para determinar si es necesario adaptar el puesto de trabajo.
- RD-Ley 13/2021, de 24 de junio, modifica el art. 6 de la Ley 2/2021, estableciendo que a partir del 26 de junio ya no es obligatorio su uso en espacios al aire libre para personas a partir de 6 años, salvo que no sea posible mantener la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros entre no-convivientes.
- Actualización a 23 de junio de la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19. Incide en que las personas que hayan recibido una pauta de vacunación completa, quedan exentas de cuarentena en caso de ser consideradas contacto estrecho.
- Sentencia del Juzgado de lo Social 6 de Santander que considera procedente el despido disciplinario de una dependienta de pescadería en supermercado por negarse a subir la mascarilla por encima de la nariz y amenazar a una clienta (https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/22db9aecce21491a/20210209)
- Ley 2/2021, que prorroga las medidas del RD RD-ley 21/2020para cuando finalice el estado de alarma (9 de mayo) y hasta declaración fin crisis sanitaria
COVID-19.
- Art. 6 del RD-Ley 3/2021, que establece la equiparación de nivel de prestaciones a enfermedad profesional para los sanitarios y socio-sanitarios expuestos al CVID-19 durante el ejercicio de sus funciones. Requiere informe del Ser vicio de Prevención.
El
coronavirus ha monopolizado nuestra vida personal y profesional. Todas las
noticias giran en torno a él y a sus repercusiones. Por ello, me he animado a
reunir algunas reflexiones desde la perspectiva jurídica y de prevención de
riesgos laborales.
1.- Una nueva legalidad “a medida”
La publicación del Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, ha supuesto la declaración de estado de alarma, en el
cual se ha dotado al Ministerio de Sanidad de competencias excepcionales
para dictar normas e instrucciones y disponer de medios públicos y privados.
En este contexto, las múltiples instrucciones
del Ministerio de Sanidad constituyen la nueva legalidad, siendo la más
específica del sector de la PRL el Procedimiento de Actuación para los
Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al
SARS-Cov-2 (décima versión de 14 de julio), que durante el estado de
alarma, es vinculante para empresas y Servicios de Prevención.
La
excepcionalidad del estado de alarma, dará lugar a una nueva normalidad transitoria
hasta que se dé por finalizada la alerta sanitaria. Para ello, el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas
urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Su vigencia se inicia en
cada territorio cuando se supere la Fase 3 o con carácter general cuando cese
el estado de alarma.
En su capítulo II
contiene disposiciones relativas a Prevención e Higiene: art. 6 (uso obligatorio
de mascarillas en espacios públicos), 7 (centros de trabajo), 8 (centros,
servicios y establecimientos sanitarios), 9 (centros docentes), 10 (servicios sociales),
11 (establecimientos comerciales), 12 (hoteles y alojamientos turísticos), 13 (actividades
de hostelería y restauración), 14 (Equipamientos culturales, espectáculos
públicos y otras actividades recreativas), 15 (instalaciones para las
actividades y competiciones deportivas), 16 (otros sectores de actividad).
Destacamos los artículos
6 y 7:
Art. 6: Uso obligatorio
de mascarilla para personas de 6 años en adelante en transportes públicos y en
espacios públicos cuando no se pueda
garantizar 1,5 m de distancia interpersonal.
Art. 7: Medidas
aplicables a los centros de trabajo, sin perjuicio del cumplimiento de la
normativa PRL:
a) Ventilación, limpieza
y desinfección con arreglo a los protocolos que se establezcan en cada caso.
b) Disposición para los
trabajadores de agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o desinfectantes para la
limpieza de manos.
c) Condiciones de
trabajo, incluida ordenación de los puestos y organización de turnos, así como
uso de lugares comunes garantizando la distancia mínima de 1,5 metros entre
trabajadores. Cuando no sea posible, se proporcionarán equipos de protección
adecuados al nivel de riesgo.
d) Evitar la
coincidencia masiva de personas, tanto trabajadores como clientes o usuarios.
e) Reincorporación
progresiva de forma presencial y potenciación del teletrabajo.
Las
personas con síntomas compatibles con COVID-19 o en aislamiento domiciliario
por COVID-19 o en periodo de cuarentena por contacto estrecho no deberán acudir
a su centro de trabajo.
Si
un trabajador inicia síntomas, se contactará de inmediato con el teléfono
habilitado de la comunidad autónoma o centro de salud, y, en su caso, con los
correspondientes servicios de prevención de riesgos laborales. De
manera inmediata, el trabajador se colocará una mascarilla y seguirá las
recomendaciones hasta valoración por profesional sanitario.
La Disposición Final
Duodécima del RD-ley 26/2020, en vigor desde el 8 de julio, ha establecido la
potestad de Inspección de Trabajo para requerir y sancionar y de los técnicos
habilitados CCAA para requerir, por los incumplimientos de las medidas señaladas
en los apartados a a d del artículo 7.1 del RD-ley 21/2020 (ventilación y
limpieza, desinfección manos, 1,5m o mascarilla y no-aglomeraciones).
Para ello, añade los
apartados 4, 5 y 6 al artículo 31 RD-ley 21/2020, que hace referencia al
régimen sancionador:
- Se habilita a
Inspectores y Subinspectores de Trabajo y SS para vigilar y requerir, y en su
caso, extender actas de infracción, en relación con el cumplimiento por parte
del empleador de las medidas de salud pública establecidas en los párrafos a),
b), c) y d) del art. 7.1 del RD-ley 21/2020 (ventilación y limpieza,
desinfección manos, 1,5m o mascarilla y no-aglomeraciones), cuando afecten a
las personas trabajadoras. Habilita también a funcionarios CCAA para funciones
del art 9.2 LPRL.
- El incumplimiento por
el empleador de las obligaciones a las que se refiere el apartado anterior
constituirá infracción grave, sancionable como las equivalentes en PRL según
texto refundido LISOS (importes de 2.046 a 40.985 euros).
En el caso de
incumplimientos de las administraciones públicas, se procederá conforme al RD
707/2002, para la Admin. Gral. del Estado, o a la normativa autonómica.
- El régimen previsto se
podrá adaptar por las CCAA dentro de sus competencias.
Todo ello ha quedado regulado para después del estado de alarma y hasta que se declare el fin de la crisis sanitaria derivada del COVID-19 por la Ley 2/2021, de 30 de marzo, de de medidas urgentes de prevención, contención
y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19.
Dicha Ley se ha visto modificada por el RD-Ley 13/2021 en lo referente al uso de mascarilla (art. 6), de tal modo que a partir del 26 de junio ya no es obligatorio su uso en espacios al aire libre en personas a partir de 6 años, salvo que no sea posible mantener la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros entre no-convivientes.
No contiene novedades respecto de la regulación de las medidas en los centros de trabajo (art. 7): ventilación, limpieza y desinfección,
agua y jabón/gel, distancia 1,5 m/equipos de protección, evitar aglomeraciones
y potenciar teletrabajo.
Se reitera habitación Inspección de
Trabajo/técnicos habilitados CCAA para requerir y sancionar como infracción
grave del art. 12 trLISOS (art. 31.4 y 5) 2.046-40.985€.Los arts. 8 a 16 reflejan normativa sectorial (sanidad, docencia, comercios, hostelería, restauración...).
2.- Un aspecto de salud pública que afecta al entorno laboral
El
COVID-19 es una pandemia que afecta a todos los ámbitos de la actividad diaria,
incluido el profesional.
Por
ello, nos encontraremos con:
a)
Empresas que ya estaban expuestas a riesgos biológicos, resultando de
aplicación el Real Decreto 664/1997 (por ejemplo, sector socio-sanitario) y que
añaden este virus a los que ya tenían presentes.
b)
Empresas que no tienen en su actividad el riesgo de exposición a agentes
biológicos, pero se ven interpeladas a aplicar las consignas del Ministerio de
Sanidad para evitar la propagación del virus en los centros de trabajo.
En
el primer caso, nos hallamos ante una ampliación de la acción preventiva,
mientras que en el segundo, ante una acción sanitaria global. Así lo ha
establecido la Inspección de Trabajo en su Criterio Operativo nº 102/2020.
Téngase
en cuenta que las medidas preventivas tradicionales son fruto de años de
práctica y tienen una eficacia contrastada respecto de la eliminación o control
del riesgo. Por ejemplo, se realizan trabajos en altura muy complejos, con unas
medidas que protegen eficazmente en caso de caída.
Sin
embargo, las medidas sanitarias frente a la pandemia, tienden a minimizar el
riesgo de contagio, pero no pueden asegurar que no se produzca.
Por
poner algunos ejemplos, la desinfección de espacios no puede garantizar cuanto
tiempo permanece seguro un lugar. La distancia social no puede proteger
respecto de la posible permanencia del virus en superficies. El aislamiento de
personas sintomáticas no impide el contagio de asintomáticas. Ni siquiera los
test garantizan que al día siguiente haya cambiado la situación de la persona. Algunas mascarillas no son un EPI, puesto
que no protegen a quien las lleva...
Sin
embargo, los actores en PRL están llamados a jugar un papel decisivo en la
implantación de estas medidas sanitarias, no por cumplimiento de la LPRL, sino
por mandato expreso del Ministerio de Sanidad, que les ha asignado los
cometidos que veremos en el siguiente apartado.
3.- Unas actividades preventivas distintas
El
Procedimiento del Ministerio de Sanidad establece unas obligaciones específicas
para empresas y Servicios de Prevención, que son de obligado cumplimiento
durante la pandemia.
Dado
que el contacto con el virus puede afectar a entornos sanitarios y no
sanitarios, corresponde a las empresas evaluar el riesgo de exposición en que
se pueden encontrar las personas trabajadoras en cada una de la tareas
diferenciadas que realizan y seguir las recomendaciones que sobre el particular
emita el servicio de prevención, siguiendo las pautas y recomendaciones formuladas
por las autoridades sanitarias.
Estas
actuaciones pueden resumirse en:
-
Evaluar el riesgo específico de exposición al coronavirus y planificar las
medidas preventivas y de protección a implantar.
-
Informar y formar a los trabajadores sobre dicho riesgo y las medidas a
adoptar.
-
Efectuar, a través del servicio sanitario del Servicio de Prevención, el
seguimiento de los contactos estrechos y de los trabajadores sensibles.
Recordemos que los servicios sanitarios de los Servicios de Prevención
realizarán el informe preceptivo para la tramitación de la baja por parte del
Sistema Público de Salud.
Se
ha suscitado la discusión sobre si las empresas que no están expuestas a
riesgos biológicos (las del apartado b anteriormente comentado) deben
realizar la Evaluación de Riesgos o si basta con aplicar directamente las medidas o elaborar un
Protocolo.
La
última versión del Procedimiento de actuación de los Servicios de Prevención, de
21 de diciembre lo aclara, puesto que para todos los escenarios de riesgo de la Tabla I, incluido el de Baja probabilidad de exposición, remite a la Evaluación de Riesgos específica.
Se
discute sobre si debe realizarse como revisión de la Evaluación que ya
tenga la empresa o como documento diferenciado.
En
empresas no expuestas a biológicos (las del apartado b, nuevamente) lo
razonable es que se realice en documento separado, puesto que trae causa en una
circunstancia coyuntural, desligada del proceso productivo.
En
resumen, siendo una actuación distinta de la Evaluación de Riesgos tradicional (no es la del art. 4 del RSP),
lo recomendable es tenerla documentada, se le llame como se le quiera llamar,
pero teniendo presente que el Procedimiento lo
llama Evaluación específica del riesgo de exposición a coronavirus.
Todo
ello servirá para planificar de qué modo trasladaremos a la empresa las
instrucciones del Ministerio de Sanidad. Debemos ser capaces de
concretar la aplicación práctica en el centro de trabajo: cómo mantendremos la
distancia de seguridad, cuantos trabajadores pueden coincidir, cómo
sectorizamos, qué tipo de EPIs pueden ser necesarios, dónde colocaremos los geles desinfectantes, como se organiza el
comedor… es decir, un Plan detallado de reanudación/desarrollo de la actividad, a semejanza de los Planes de Contingencia que ya se exigen para las residencias de mayores y centros socio-sanitarios (incluyendo un Plan de continuidad de negocio ante la eventualidad de nuevas bajas).
Quisiera añadir el comentario, que debemos continuar dando preferencia a las medidas colectivas sobre las individuales. En empresas que no están expuestas a riesgos biológicos, antes que sobrecargar de protecciones al trabajador, lo más importante será garantizar la distancia de 1,5 metros (preferencia por el teletrabajo, señalización/sectorización de puestos, escalado de horarios...), el lavado de manos (dispensadores de gel) y la limpieza y desinfección.
Y no debemos olvidar que la vacunación no exime del mantenimiento de todas las medidas preventivas, tal y como recuerda el nuevo punto 7 del Procedimiento de actuación de los SP frente al coronavirus en su 13ª versión de 15 de febrero de 2021: En estos momentos, se están evaluando cuestiones relacionadas con la protección de las distintas
vacunas frente a la infección y la transmisión del patógeno, así como sobre la duración de la protección
generada por la vacunación. Se está estudiando también el efecto de la misma en las personas con
especial vulnerabilidad. Por esta razón, es necesario que se sigan manteniendo las medidas de
prevención y protección recogidas en este Procedimiento en las personas vacunadas. A medida que se
disponga de nueva información científica, se irán modificando y estableciendo recomendaciones
acordes a la misma.
Aprovecho para recordar que la vacunación tiene carácter voluntario y la obligatoriedad requeriría de modificaciones legislativas.
Por otro lado, ha ido aumentando la importancia de la ventilación, como demuestra el Documento Técnico de Evaluación del riesgo de transmisión por aerosoles:
La duodécima actualización ,de 21 de diciembre de 2020, incluye como medida de carácter organizativo la de potenciar el teletrabajo o trabajo mixto. Respecto de este extremo, me remito al comentario "Aspectos jurídicos del trabajo a distancia y la PRL tras publicación del RD-Ley 28/2020": https://bit.ly/3kTSTqG
La undécima actualización del procedimiento de los Servicios de Prevención frente al coronavirus añadió una nueva obligación de los SP: la investigación de las causas de los brotes:
El SPRL investigará y analizará las causas de los brotes: medidas organizativas inadecuadas o no
implantadas, incumplimiento de las distancias de seguridad, instrucciones en idiomas que no se
comprenden, mascarillas inadecuadas, mal uso de las mismas, movimientos del personal, reuniones,
descansos, espacios comunes, etc.
Debemos precisar que según la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19, se considera brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los que se ha establecido un vínculo epidemiológico.
El uso de mascarillas solo sería obligatorio cuando no pueda garantizarse la distancia de seguridad, de conformidad al artículo 7.1.c) del RD-ley 21/2020 y de la Lay 2/2021 (ver también Tabla 1 del Procedimiento).
La
Nota interpretativa de 6 de julio, clarifica para la 3a columna de la Tabla 1, baja
probabilidad de exposición: en general, las personas trabajadoras
que se encuentren en ese escenario no deben llevar EPI, pero deben tener
disponibilidad de algunos componentes EPI para poder utilizarlos en
determinadas situaciones laborales (a modo de ejemplo, cita la falta de cooperación de persona sintomática).
A partir de la segunda semana de julio de 2020, la mayoría de Comunidades Autónomas regularon el uso obligatorio de mascarilla en cualquier espacio de uso público o abierto al público, aunque pueda garantizarse la distancia de 1,5m. (del mismo modo que lo ha hecho la Ley 2/2021) siendo susceptible de sanción por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Extremadura:
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1331o/1331o.pdf
Illes Balears: https://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11224/636538/resolucio-de-la-consellera-de-salut-i-consum-de-13
Castilla y León: http://bocyl.jcyl.es/html/2020/07/17/html/BOCYL-D-17072020-1.do
Comunitat Valenciana: http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/18/pdf/2020_5852.pdf
Castilla-La Mancha: https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/22/pdf/2020_5051.pdf&tipo=rutaDocm
Comunidad de Madrid: http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/07/29/BOCM-20200729-1.PDF
No obstante, el artículo 6 de la Ley 2/2021 se ha visto modificado por el RD-Ley 13/2021, estableciéndose que a partir del 26 de junio de 2021, en personas de 6 años en adelante, ya no es obligatorio el uso en espacios al aire libre, salvo que no se pueda garantizar la distancia interpersonal de 1,5 metros entre no-convivientes.
Desde el inicio se ha
planteado la duda de en qué medida se aplica a
los centros de trabajo de las empresas.
Después de diversas notas de
prensa y Preguntas más frecuentes, podemos resumir la situación actual del
siguiente modo:
- Espacios de las empresas de uso privado: no sería obligatorio el uso de
mascarilla una vez el trabajador está en su puesto, siempre que se garantice la
distancia de seguridad o se utilicen mamparas.
Se seguirá aplicando lo establecido en el artículo 7.1.c del RD-ley 21/2020:
Adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de
trabajo y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes
de forma que se garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad
interpersonal mínima de 1,5 metros entre los trabajadores. Cuando ello no sea
posible, deberá proporcionarse a los trabajadores equipos de protección
adecuados al nivel de riesgo.
- Espacios de las empresas abiertos al público o de uso público (recepciones,
salas de espera, puntos de venta, etc): sí sería obligatorio el uso de
mascarilla, por entenderse comprendido en la regulación autonómica.
- Espacios de uso común por parte de los trabajadores o de terceras
personas (pasillos, aseos, máquinas de café, salas de reuniones, etc.): sí
sería obligatorio el uso de mascarilla según las Preguntas Más Frecuentes
publicadas por Canal Salut y por Osalan, de Catalunya y Euskadi.
Por ello, se extiende el concepto de uso público a uso común, a semejanza
de lo establecido en el Código Técnico de Edificación, al ser espacios en los
que pueden concurrir trabajadores no habituales. Casaría con el concepto de
grupos estancos o burbuja que se aplicará en las escuelas.
La normativa de la Comunidad Autónoma de Madrid, publicada posteriormente, coincide con dicho criterio, indicando que no será obligatoria la mascarilla: En los centros de trabajo exclusivamente cuando los trabajadores permanezcan
sentados en su puesto de trabajo siempre que se pueda garantizar la distancia de
seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros con otros trabajadores y/o usuarios de las instalaciones.
Considero que la delimitación a sentados responde a un planteamiento excesivamente enfocado a trabajo en oficinas. Hubiera sido preferible un concepto más amplio: cuando los trabajadores permanezcan en lugares fijos o desarrollando sus labores en una zona delimitada...
Por otro lado, el 5 de septiembre se publicó la Resolución de Canarias que especifica que: b)
En el ámbito laboral. En aquellos espacios de
trabajo delimitados y ocupados por una sola persona, será cada empresa, con su
servicio de prevención, quien evaluará el riesgo de contagio y si es necesario
el uso continuado de la mascarilla. Igualmente, en espacios compartidos, será
cada empresa, mediante su servicio de prevención, y de forma excepcional, quien
evaluará el riesgo de contagio y si se puede prescindir del uso continuado de
la mascarilla, siempre que se dé cumplida observancia de otras medidas de
prevención y protección. Cuando se aplique esta excepcionalidad, el servicio de
prevención de riesgos lo comunicará a la Dirección General de Salud Pública.
- Mientras se ejecute un trabajo de esfuerzo físico (por ejemplo, en
trabajos vinculados a la construcción), se podrá prescindir de la mascarilla siempre
que se pueda garantizar la seguridad y salud de las personas.
Traemos a colación la sentencia del Juzgado de lo Social 6 de Santander que considera procedente el despido disciplinario de una dependienta de pescadería en supermercado por negarse a subir la mascarilla por encima de la nariz y amenazar a una clienta (https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/22db9aecce21491a/20210209)
"...se encontraba prestando servicios con un
producto no envasado, el pescado, por lo que, las normas de prevención de
riesgos laborales elaboradas por la empresa demandada, le obligaban al uso
correcto de la misma, tapando la boca y la nariz. Y ante el requerimiento de
una clienta, y posteriormente, de la responsable de tienda, para que se la
colocase bien, hace caso omiso, dirigiéndose a la clienta en un tono
amenazante, y sin atender a los requerimientos de la encargada para que se
calmase".
Otra de las dudas que se ha planteado es quién debe proporcionar las mascarillas.
Sin perjuicio de posteriores pronunciamientos de los organismos oficiales y
de lo que las empresas puedan acordar con la Representación legal de los
trabajadores, podemos entender que:
a) El empresario no vendría obligado a proporcionar la mascarilla cuando
los riesgos del puesto de trabajo no exijan su uso.
Se entenderá que la mascarilla se utiliza en cumplimiento de una obligación
ciudadana general, extendida a determinados espacios del centro de trabajo,
puesto que vale la misma mascarilla que se utiliza por la calle.
No obstante, el empresario sí debe tener un retén a disposición de los
trabajadores, para hacer frente a cualquier incidencia.
b) El empresario sí debería proporcionar la mascarilla cuando:
- En función de los riesgos del puesto de trabajo se exija una mascarilla
de protección superior a las que se aceptan para uso en la vía pública.
Es decir, sí vendría obligado a proporcionar mascarillas FPP2, equivalentes
o de protección superior, puesto que exceden a las de tela, quirúrgicas o
higiénicas que se aceptan en la calle.
- Cuando en trabajos de atención al público o en contacto con clientes, se haya definido la mascarilla como prenda de
trabajo o se haya diseñado una mascarilla corporativa como parte del vestuario.
- Cuando en el desempeño del trabajo se utilice una mascarilla de las
aceptadas en la vía pública, pero el entorno laboral pueda provocar suciedad o
desperfectos en la mascarilla.
Por
último, queremos recordar que el uso de mascarilla no exime de la adopción de
las medidas colectivas, tales como la limpieza y desinfección, higiene de
manos, distancia interpersonal, evitación de aglomeraciones, etc.
En cuanto a las obras de construcción, según criterio del
INSST las medidas de Ministerio de Sanidad se incorporan al Plan de Seguridad y
Salud mediante anexo, que debe ser también aprobado por el Coordinador de
Seguridad y Salud:
Sin
embargo en este punto también existen discrepancias, como demuestran los
siguientes artículos publicados en el blog de mi buen colega publicado Ramón
Pérez Merlos, especializado de PRL y construcción, siendo el primero suyo, y el
segundo de la Inspectora de Trabajo, Carmen María Hernández Cebrián:
https://diagnosticoprlconstruccion.wordpress.com/2020/05/04/el-covid-19-en-el-ambito-de-la-prevencion-de-riegos-laborales-una-cuestion-de-salud-mental/
Respecto de la formación, en las empresas del grupo a (expuestas
a riesgos biológicos) formará parte de la formación del puesto de trabajo (art. 19 LPRL). Sin embargo, en las empresas del grupo b, no se
trata de riesgos propios de la actividad laboral, y por ello, se tratará de una
formación transversal, eso sí, adaptada, en la medida de lo posible, a las
particularidades de la empresa (recordemos que durante el estado de alarma no
se ha podido realizar formación presencial).
Según el Procedimiento de los Servicios de Prevención:
La información y la formación son fundamentales para poder
implantar medidas organizativas, de higiene y técnicas entre el personal
trabajador en una circunstancia tan particular como la actual. Se debe
garantizar que todo el personal cuenta con una información y formación
específicas y actualizadas sobre las medidas específicas que se implanten.
Recordemos que el RD 463/2020,
que declaró el estado de alarma, establecía que:
Artículo 9. Medidas de contención en el ámbito educativo y de la
formación.
1. Se suspende la actividad educativa presencial en todos los
centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza contemplados en
el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, incluida
la enseñanza universitaria, así como cualesquiera otras actividades
educativas o de formación impartidas en otros centros públicos o privados.
2. Durante el período de suspensión se mantendrán las actividades
educativas a través de las modalidades a distancia y «on line», siempre que
resulte posible.
En este sentido, FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el
Empleo, ha admitido la formación virtual si se cumplen unos requisitos, pero la
FLC y la FMF no, aduciendo que requeriría una modificación de los Convenios
Colectivos de Construcción y del Metal, por lo que no ha sido posible formar a un
nuevo empleado en dichos sectores.
El 15 de mayo se publicó el comunicado FLC de reactivación formación presencial a partir 18
de mayo:
https://www.trabajoenconstruccion.com/resources/subirarchivos/ReactivacionFasesCovid.pdf
Se vuelve a habilitar la aplicación de entidades homologadas para la comunicación e impartición de acciones formativas con sesiones presenciales tanto nuevas, como aquellas que ya están comunicadas y quedaron pendientes de finalizar.
- La entidad homologada deberá cumplir siempre con las normas de prevención de contagio del Covid-19 que se establezcan por la autoridad competente.
- En territorios en fase 0 ó 1 deberán impartirse en las instalaciones de las obras o de las empresas constructoras, y con ciertas condiciones.
- En territorios en fase 2 o 3 se admitirá en centros de formación como en instalaciones de obras o de empresas constructoras. Estas acciones formativas se podrán empezar a comunicar cuando el territorio se encuentre en la fase 1.
El 5 de junio se publicó la Resolución de 1 de junio de 2020, que permite la recuperación de la modalidad presencial en la formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, una vez los territorios se hallan en Fase 2.
https://www.fundae.es/docs/default-source/transparencia/resolución-de-1-de-junio-de-2020.pdf
Respecto de los seguimientos sanitarios, debemos recalcar que la condición de trabajador es la que determina que el seguimiento se realice a través del Servicio de Prevención. En caso contrario, se efectuaría directamente por el Sistema Público de Salud.
El
Servicio de Prevención no da la baja ni el alta, pero emite el informe
preceptivo para que se curse la primera.
Respecto
de los trabajadores especialmente sensibles, no se parte de los casos abordados
bajo el artículo 25 LPRL, sino de unos grupos vulnerables para el coronavirus: personas
con diabetes, enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad
pulmonar crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo, embarazo
y mayores de 60 años.
Los
Anexos IV y V del Procedimiento establecen las pautas a aplicar, destacando que
la vulnerabilidad no implica la baja, sino que éste es el último recurso,
puesto que se describe desde la continuidad sin adaptaciones, a la necesidad de
uso de EPIs, a la adaptación o cambio del puesto para que no esté en contacto
con personas sintomáticas. Solo si esto no fuera posible, se tramitaría la
baja, en casos de patología descompensada o existencia de dos patologías o más.
Simplificando
mucho, si el trabajador está estable e ir al trabajo no le supone mayor riesgo
que ir al supermercado o al banco, se promoverá la adaptación y continuidad. La previsión es que la figura vaya desapareciendo con el estado de alarma y que los trabajadores que no puedan trabajar sea por patologías agudas o descompensadas que ya justificaran la baja por si mismas.
A partir del 17 de junio, deben considerarse las nuevas instrucciones del INSS, según las cuales, una vez finalizado el estado de alarma, la mayoría de situaciones deben ser llevadas a alta.
Los procesos de incapacidad
temporal de estos colectivos que persisten en la actualidad, porque no se han
revisado en función del riesgo existente en ese periodo de paso entre las fases
II y III de la desescalada, deberán revisarse lo antes posible en la medida en
que se considera que, con las medidas adoptadas en los centros de trabajo, en
cumplimiento del Real Decreto-ley 21/2020, el riesgo en los mismos será similar
al riesgo comunitario, que en estos momentos se considera bajo o muy bajo.
Para ello, en la nueva versión del Procedimiento de actuación de los Servicios de Prevención frente al coronavirus (de 19 de junio) se incorpora el informe de NO NECESIDAD DE IT (Modelo 3 del Anexo I).
Se entiende que la permanencia en baja será muy excepcional: No obstante, en aquellos casos
en que el SPRL considerara de manera fehaciente la necesidad (por las
especiales características del caso concreto) de mantener el proceso de
incapacidad temporal, así se lo hará saber al facultativo del Servicio Público
de Salud (SPS).
La versión 13ª del Procedimiento de actuación de los Servicios de Prevención establece que el SP deberá re-evaluar a los sensibles que estén próximos a cumplir los 365 días de IT para valoración de alta o continuación de IT (formulario 4 del Anexo I).
Algunas Comunidades Autónomas van a emitir las altas automáticamente y los casos excepcionales pueden quedar de baja por la palotogía de base, no por la especial sensibilidad al coronavirus.
La versión 14ª del citado Procedimiento, de 22 de junio de 2021, ha incluido en los Anexos IV y V el supuesto de personas con pauta de vacunación completa, estableciendo que (salvo casos de inmunodeficiencia y el cáncer en tratamiento activo) podrán seguir trabajando: continuar actividad laboral, puede realizar tareas con exposición a personas/pacientes sospechosas o confirmadas con EPIs adecuados. No puede realizar maniobras generadoras de aerosoles en personas/pacientes positivas de COVID-19.
Se ha planteado, si en una vez superado el estado de alarma y siendo el riesgo comunitario bajo, que permite el trabajo de los sensibles, debe mantenerse actualizado un listado. Desde mi punto de vista, los listados cobran sentido cuando tienen trascendencia preventiva, pero en este caso, la sensibilidad tiene que ver con una mayor vulnerabilidad en caso de contagio, pero no con una mayor contagiosidad. Por ello, las medidas para evitar el contagio deben ser las mismas para todos los empleados. Si estigmatizamos en un listado, corremos el peligro que el empresario se vea tentado a prescindir de estos colectivos para evitarse bajas futuras en caso de rebrotes o nuevo estado de alarma. De este modo, mi recomendación sería que, sin estado de alarma, el listado se maneje entre trabajadores y servicio médico del servicio de prevención. Si volviera el estado de alarma por incremento del riesgo colectivo, procedería nuevamente dar publicidad al listado y valorar la hipotética baja por sensibilidad al coronavirus.
Respecto
del seguimiento de contactos estrechos, se considerarán como tales a las
personas que hayan estado a una distancia menor de 2 metros (compañeros de
trabajo, visitas, etc.) o hayan compartido el mismo espacio cerrado (despacho,
sala, recinto deportivo, espectáculo, avión, etc..) durante más de 15 minutos
seguidos de una persona sintomática en un lapso de tiempo de 24 horas sin utilizar medidas de protección.
En
el ámbito sanitario y socio-sanitario, se aplica a: cualquier persona que haya
proporcionado cuidados a un caso o haya estado en contacto con sus secreciones
y fluídos: personal sanitario o socio-sanitario que NO haya utilizado las medidas
de protección adecuadas, miembros familiares o personas que tengan otro tipo de
contacto físico similar o cualquier persona que haya manipulado muestras
biológicas sin las debidas medidas de protección.
La
baja se traduce en una cuarentena domiciliaria, siguiéndose las pautas marcadas por la Estrategia y por cada Comunidad Autónoma para la realización de pruebas y test.
No obstante, cabe recordar que a partir de la versión 14 del Procedimiento de actuación de los Servicios de Prevención, de 22 de junio de 2021, las personas trabajadoras que hayan recibido una pauta de vacunación completa, estarán exentas de cuarentena si utilizan EPIs adecuados.
En tal caso, idealmente se les realizarán 2 pruebas, al inicio y a los 7 días del último contacto. Si no fuera posible, se recomienda realizar al menos una prueba en el momento que lo indiquen los responsables de salud pública de cada CCAA.
Asimismo, se les indicará el uso de mascarilla en interacciones sociales, no acudir a eventos multitudinarios y realizar una vigilancia de la posible
aparición de síntomas compatibles.
Excepciones a la exención de cuarentena:
- Aparición de síntomas: pasarán a ser considerados casos sospechosos,
deberán hacer autoaislamiento inmediato y contactar de forma urgente con el responsable que se haya establecido para su seguimiento o con el 112/061 indicando que se trata de un contacto de un caso de
COVID-19.
- Diagnóstico de variante VOC11 diferente a la B.1.1.7 o en el contexto de
un brotes por dichas variantes.
- Personas con inmunodepresión.
- Sospecha de transmisión a partir
de visones (en la versión 14 se hablaba de animales en general).
En la versión 15 del procedimiento, de 6 de julio, se especifica en centros los sanitarios, se tendrá en cuenta la unidad hospitalaria en la que desarrollan su actividad asistencial (por vulnerabilidad de los pacientes a los que atienden) pudiendo valorar cada caso. Se les hará seguimiento con PCR preferiblemente, y si no fuera posible, con PDIA.
Asimismo, en dicha 15 versión, de 6 de julio de 2021, se añade la exención de cuarentena para personas infectadas en los 180 días anteriores (confirmado por PDIA), salvo variante VOC diferente de la B.1.1.7 o transmisión a partir de visones.
Por
lo tanto, se trata de nuevas exigencias que van más allá de la PRL ordinaria y
que probablemente marcarán la posterior evolución de la misma.
NOTA: Debemos poner de manifiesto una discrepancia entre el hecho que la distancia interpersonal en los centros de trabajo se haya reducido a 1,5 metros (según el mismo Procedimiento en su versión de 6 de julio y el art. 7 del RD-l 21/2020) y sin embargo, no se haya modificado el umbral para contactos estrechos (2 metros). Esto significa que una empresa puede estar cumpliendo con la distancia de 1,5 metros entre sus empleados (por ejemplo, en la ubicación de las mesas de una oficina) pero que de producirse un positivo, todo aquel que haya estado a menos de 2 metros, pase a ser considerado contacto estrecho.
A partir de la versión 17 del procedimiento, se introduce la obligación de los sanitarios de vigilancia de la salud de los Servicios de Prevención, de valorar la reincorporación de los trabajadores diagnosticados de Long COVID o COVID persistente/crónico, para determinar si es necesaria una adaptación del puesto de trabajo acorde a las nuevas limitaciones que puedan padecer.
El problema que se puede plantear es que el diagnóstico es un aspecto confidencial, por lo que la empresa o el Servicio de Prevención pueden no conocerlo. En tal caso, debería ser el propio trabajador quien lo solicitara.
Añado otro elemento de debate: el procedimiento dice que no se trata de emitir una aptitud para el puesto de trabajo, solo recomendar medidas de adecuación, pero ¿qué pasa si las secuelas son de tal entidad que pueden influir en la aptitud? Parece que no se quiera abrir la puerta ni a la ineptitud sobrevenida ni a las incapacidades, por las dificultades de delimitas las afectaciones del Long Covid, pero en determinados casos, será inevitable. Por poner un ejemplo simplista: un perfumista que ha perdido el olfato.
4.- El papel de los Servicios de Prevención
En referencia a quién debe realizar estas actividades preventivo-sanitarias frente al
coronavirus, se ha suscitado el debate de si deben ser o no los Servicios de
Prevención.
El
Procedimiento es claro en este extremo desde el mismo título, apuntando a la modalidad
preventiva.
Así
se han pronunciado organismos oficiales como el Instituto Asturiano de
Prevención de Riesgos Laborales, indicando que corresponderá al empresario
garantizar esa formación e información específica, y corresponderá al SPA
proporcionarla.
No
obstante, hay quién defiende que la parte técnica puede realizarla el propio
empresario, aplicando las medidas sanitarias según su criterio o asesorándose
por quién estime oportuno. Que la formación está disponible en internet y que
las medidas son de público conocimiento.
Cada uno decidirá si quiere realizar este viaje por su cuenta, o como indica el Ministerio de Sanidad, con el
asesoramiento del Servicio de Prevención.
Solo cabe añadir que éste es un viaje muy complejo, en el que no está en juego solo la posibilidad de ser sancionados o no, sino si somos capaces de dar confianza a nuestros empleados y clientes en el retorno al trabajo y si seremos capaces de demostrar documentalmente la solidez de lo realizado en caso de declaración retroactiva de una baja por coronavirus como accidente de trabajo (ver dos apartados más adelante).
Por ello, es importante, tal y como establece el Procedimiento, seguir las directrices del Servicio de Prevención, es decir, contar con el apoyo de los técnicos y sanitarios de la modalidad preventiva de la empresa.
Según un estudio de ANEPA sobre la contribución de los SPA durante los meses de marzo a mayo de 2020 se han dedicado más de 1 millón de horas de personal sanitario y de 2 millones de horas de personal técnico en la lucha frente a la pandemia.
Y llegados aquí la controversia muestra su verdadero rostro y plantea si los SPAs pueden cobrar por estas actuaciones, o si deben considerarse incluidas en el contrato de PRL. Intuyo que si estuviera claro lo segundo, no se discutiría su obligatoriedad y exigencia al SPA.
Siendo
este un tema que cada uno negociará con su SPA, lo cierto es que como se ha
indicado, estas actuaciones exceden el concierto
de actividad preventiva (art. 20 RSP) y la propia LPRL.
Cuanto
antecede no obsta a que se exijan trabajos a medida y no pantallazos de
internet.
5.- Una coyuntura que obliga a un enjuiciamiento “de excepción”
En
el ámbito ordinario de la PRL, cuando se determina la obligatoriedad de una
medida de prevención, por ejemplo, el uso de un EPI, su ausencia implica la
imposibilidad de realizar el trabajo, puesto que no cabe realizarlo sin las
medidas oportunas.
Sin
embargo, la magnitud de la pandemia ha llevado a la indisponibilidad de medios
de protección como mascarillas, guantes, pantallas faciales, batas… sin que
ello haya implicado la paralización de la actividad en sectores críticos, como
el socio-sanitario, que han debido funcionar por encima de sus posibilidades (con
la consecuencia de tantos profesionales afectados) para atender a la gran
cantidad de personas enfermas.
La
Inspección de Trabajo clarificó que no era competente para paralizar una
actividad en una empresa que no estuviera expuesta a riesgos biológicos, en
base a aspectos sanitarios de carácter general.
Basta
examinar la GUIA PARA PROTECCIÓN PERSONAL-Estrategias alternativas en
situación de crisis, (Anexo III al Procedimiento de los Servicios de
Prevención) en la que se establecen alternativas ante la escasez de medios (eliminado a partir del 21 de diciembre, en la duodécima versión del Procedimiento).
Todo
ello refleja la excepcionalidad de la situación, que se ha traducido en
sentencias que a instancias de colectivos sanitarios, vigilantes de seguridad…
requieren a la Administración a facilitar medios pero mantienen el
funcionamiento de servicios esenciales en la lucha contra el coronavirus.
Se
ha permitido la adquisición de EPIs y material sanitario sin marcado CE (Resolución
de 23 de abril de 2020, de la Secret. Gral. Industria y Pequeña y Mediana
Empresa y Orden SND/326/2020, de 6 de abril para la fabricación de mascarillas
y batas quirúrgicas) e incluso se ha prorrogado la vigencia de los permisos de
conducir y de los mantenimientos industriales (Orden INT/262/2020 20 de marzo y
Orden SND/325/2020, de 6 de abril) y se han suspendido las mediciones en Minería.
Se recomienda el transporte individual para acceder el centro de trabajo, en contra de las medidas que podían constar en los Planes de Movilidad en el marco de la Seguridad Vial Laboral, realizados años atrás.
Veremos
si estas salvedades coyunturales se tienen en cuenta a la hora de fiscalizar a
las empresas en el escenario descrito en el siguiente apartado.
6.- Un escenario de posible declaración retroactiva de accidente de
trabajo
Desde
el inicio del estado de alarma se estableció, como mayor protección económica
para los trabajadores, que las bajas por coronavirus se tramitarían como
contingencia común, pero a únicos efectos prestacionales, se asimilarían a
accidente de trabajo e efectos del cálculo de la prestación (art. 5 del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo).
No
obstante, el Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, modificó dicho artículo en su Disposición Final Primera, añadiendo que las
bajas por coronavirus podrán ser consideradas como accidente de trabajo cuando
se pruebe que el contagio de la enfermedad se ha contraído con causa
exclusiva en la realización del trabajo.
Esta consideración fue reiterada por la Disposición final décima del RD-Ley 28/2020, quedando redactada en los siguientes términos:
Al objeto de proteger la salud pública, se considerarán, con carácter excepcional, situación asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la prestación económica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social, aquellos periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras provocados por el virus COVID-19, salvo que se pruebe que el contagio de la enfermedad se ha contraído con causa exclusiva en la realización del trabajo en los términos que señala el artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en cuyo caso será calificada como accidente de trabajo.
Respecto de los profesionales sanitario y socio-sanitario se han sucedido diversas modificaciones (art. 9 Real Decreto-ley
19/2020, disp adic 8ª RD-l 27/2020 y disp adic 4ª RD-Ley 28/2020, que regularon la presunción de accidente de trabajo:
1. Desde
la declaración de la pandemia internacional por la Organización Mundial de la
Salud y hasta que las autoridades sanitarias levanten todas las medidas de
prevención adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, las prestaciones de Seguridad Social que cause el personal que presta
servicios en centros sanitarios o socio-sanitarios, inscritos en los registros
correspondientes, y que en el ejercicio de su profesión, hayan contraído el
virus SARS-CoV2 por haber estado expuesto a ese riesgo específico durante la
prestación de servicios sanitarios y socio-sanitarios, cuando así se acredite
por los servicios de Prevención de Riesgos laborales y Salud Laboral, se
considerarán derivadas de accidente de trabajo, al entender cumplidos los
requisitos exigidos en el artículo 156.2.e) del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo
8/2015, de 30 de octubre.
2. El
contagio y padecimiento de la enfermedad se acreditará mediante el
correspondiente parte de accidente de trabajo que deberá haberse expedido
dentro del mismo periodo de referencia.
Hasta llegar al art. 6 del RD-Ley 3/2021, de 2 de febrero, que establece la equiparación a nivel prestacional a la enfermedad profesional en los siguientes términos:
1. El personal que preste servicios en centros sanitarios y sociosanitarios inscritos en los registros correspondientes que, en el ejercicio de su profesión, durante la prestación de servicios sanitarios o socio-sanitarios, haya contraído el virus SARS-CoV- 2, dentro del periodo comprendido desde la declaración de la pandemia internacional por la Organización Mundial de la Salud hasta el levantamiento por las autoridades sanitarias de todas las medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el mencionado virus SARS-CoV-2, tendrá las mismas prestaciones que el sistema de la Seguridad Social otorga a las personas que se ven afectadas por una enfermedad profesional.
2. Los servicios de prevención de riesgos laborales deberán emitir el correspondiente informe donde se haga constar que en el ejercicio de su profesión ha estado expuesto al virus SARS-CoV-2 por la prestación de servicios sanitarios o socio-sanitarios.
3. Una vez acreditado el contagio del virus en el ámbito temporal establecido en el apartado 1, y aportado el informe previsto en el apartado 2, se presumirá, en todo caso, que el contagio se ha producido en el ejercicio de su profesión en la prestación de servicios sanitarios o socio-sanitarios.
4. La entidad responsable de dichas prestaciones será aquella que cubriera las contingencias profesionales en el momento de producirse la baja médica por contagio de la enfermedad.
Desde el INSS se ha clarificado que no se trata de un cambio de contingencia, que seguirá siendo la de accidente de trabajo, sino de una equiparación a nivel prestacional. Por ello, el apartado 3 de la anterior regulación quedaría derogado, puesto que el límite de 5 años no es compatible con el concepto de enfermedad profesional.
Así lo establece el formulario 5 del Anexo I de la 13ª versión del Procedimiento de Actuación de los Servicios de Prevención frente al COVID-19: esta enfermedad cumple también los criterios para su consideración como contingencia
profesional derivada de accidente de trabajo, con las mismas prestaciones que el sistema de la
Seguridad Social otorga a las personas que se ven afectadas por una enfermedad profesional, tal
como establece el Real Decreto‐ley 3/2021, de 2 de febrero, y la persona trabajadora ha estado
expuesta al coronavirus causante de COVID‐19 en el ejercicio de su trabajo.
De este modo, nos encontraremos con las siguientes situaciones:
a) Personal sanitario y socio-sanitario expuesto al COVID-19 durante el ejercicio de sus funciones:
- Bajas posteriores al 11 de marzo (fecha declaración pandemia por parte de la OMS) y hasta que se levanten las medidas de prevención frente al COVID-19: se tramitarán como accidente de trabajo, pero se equipararán a nivel de prestaciones a la enfermedad profesional.
- Requerirá informe del Servicio de Prevención sobre exposición laboral al COVID-19 durante la prestación de servicios.
- Bajas anteriores al 11 de marzo: fueron tramitadas como contingencia común.
NOTA: De este modo, es de prever que no afecte a la cobertura de Responsabilidad Civil de las compañías aseguradoras, que suelen excluir en sus pólizas las enfermedades profesionales, puesto que la equiparación a esta contingencia es solo a efectos prestacionales, pero seguirán catalogándose como accidente de trabajo.
El INSST publicó en diciembre 2020 un informe sobre CASOS NOTIFICADOS COVID-19 COMO CONTINGENCIA PROFESIONAL de febrero-octubre 2020, principalmente en personal sanitario y socio-sanitario, aunque de forma muy minoritaria aparezcan otras profesiones.
Refleja 4.817 casos, de los cuales 4.785 leves, 13 graves y 19 mortales.
b) Personal no sanitario o socio-sanitario:
Se tramitan como contingencia común. Cabe la posibilidad de que los trabajadores afectados reclamen el cambio de contingencia frente al INSS, alegando que el contagio se produjo en el centro de trabajo.
Este supuesto no debe plantearse solo para el “caso fuente”, es decir, como
se infectó Pepito, sino que por el mero hecho de que Pepito padeciera la
enfermedad, puede legitimar a Juanito y Sotanito, que compartieron oficina o
sección con él (y quizás fueron objeto de seguimiento sanitario por contacto
estrecho) a solicitarlo.
Está
por ver qué recorrido tendrá todo esto, pero la declaración de accidente sería
a todos los efectos, en los términos que señala el artículo 156 del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
Cuanto
antecede ha quedado clarificado por la Nota informativa sobre la posible
consideración como contingencia profesional de las enfermedades derivadas de la
exposición al nuevo Coronavirus (Sars-cov-2) y la procedencia del recargo de
prestaciones por falta de medidas de seguridad.
De
este modo, se pueden derivar las responsabilidades empresariales típicas frente
a accidentes de trabajo: las prestaciones e indemnizaciones según Convenio
Colectivo, el recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad, la
reclamación de daños y la imputación de un delito contra los trabajadores (art.
316 a 318 del CP).
Algunos
accidentes se limitarán a los días de baja/cuarentena, pero otros, por
desgracia, habrán acabado siendo mortales o dejando unas secuelas (por ejemplo,
pulmonares, neurológicas, vasculares...) que a día de hoy no conocemos con exactitud.
Veremos
cómo se juzgará todo esto, especialmente el personal sanitario y socio-sanitario que haya estado atendiendo a pacientes de coronavirus, expuestos, en este caso sí, por su cometido laboral y contando con escasos medios de protección por falta de suministro. Quedará como una de las imágenes de la pandemia, el recurso a las gafas de buceo del Decathlon.
El delito contra la seguridad de los trabajadores, el recargo de prestaciones, las reclamaciones civiles, deberán juzgarse en un contexto de excepción, con 50.000 sanitarios afectados por la imposibilidad de paralizar la actividad y dejar de atender a los enfermos.
Destacamos la sentencia de 3 de junio del Juzgado Social de Teruel que declara que la Administración ha vulnerado los derechos en materia de PRL de los trabajadores sanitarios y socio-sanitarios, poniendo en peligro su salud.
Asimismo, un Juzgado de Instrucción de Valencia ha citado
como investigados para el próximo 3 de diciembre a la Directora de Recursos
Humanos de la Conselleria de Sanitat y al Gerente del Área de Salud del
Hospital General de Alicante por la falta de EPIs para el personal sanitario al
inicio de la pandemia.
Para el resto de empresas (el grupo b anteriormente comentado), no
se trata tanto de cumplimiento de las medidas de PRL, puesto que la exposición
al virus no forma parte de su proceso productivo, sino de unas consignas
sanitarias generales, que no eliminan el riesgo de contagio, sino que intentan
minimizarlo.
No obstante mediante Nota informativa (https://www.cenforpre.net/web/wp-content/uploads/Nota-Informativa_Covid_Posible-consideracion-Recargo-de-prestaciones-por-falta-de-medidas-de-seguridad.pdf)
se ha clarificado que el incumplimiento de medidas sanitarias también puede dar
lugar al recargo de prestaciones.
Más difícil parece la imputación penal, aunque no pueda descartarse, y sí
parece viable la reclamación de daños y perjuicios por parte del trabajador
afectado. Por
si acaso, no sería mala idea ir revisando la póliza de RC y comentando con la
compañía si daría cobertura o no. Por cierto, si en el caso de los sanitarios y socio-sanitarios se considerara enfermedad profesional, cabe recordar que la mayoría de las pólizas excluyen esta contingencia de la cobertura,
7.- Un marco de prevalencia del interés general
En
este contexto hay aspectos como la protección de datos de carácter personal,
que quedan subordinados al interés general.
El
coronavirus es una enfermedad de declaración obligatoria y el conocimiento de
los trabajadores afectados es imprescindible para poner en marcha el
seguimiento sanitario de los contactos.
Por
ello, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) aclaró que los
trabajadores deben informar a la empresa si presentan síntomas (https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-03/FAQ-COVID_19.pdf).
Además,
quién detecte un positivo mediante la realización de test, debe comunicarlo a
la autoridad sanitaria competente (Orden SND/344/2020, de 13 de abril).
a) La toma de temperatura
Otra
cuestión que ha suscitado mucho debate es si las empresas pueden tomar la
temperatura de los trabajadores antes de entrar al trabajo (no tengo criterio
para discriminar si el límite debe ser 37, 37’3 o 37,5).
Como
no podría ser de otra manera, encontramos posicionamiento dispares:
-
La AEPD avala esta práctica como parte de la Vigilancia de la Salud y entiende
que debe efectuarla personal sanitario.
- OSALAN lo desaconseja (No está indicado
realizar una toma de temperatura previa a iniciar el trabajo dentro de la
empresa, https://www.osalan.euskadi.eus/coronavirus/-/covid19-preguntas/), sugiriendo que el
trabajador se tome la temperatura en su domicilio y en caso de fiebre informe y
deje de asistir a la empresa.
Considero
que debe ser posible tomar la temperatura, puesto que es una medida (no creo
que forme parte de la Vigilancia de la Salud en los términos del artículo 22 de
la LPRL) proporcionada, si consideramos las menores molestias que ocasiona el
empleado y el beneficio que se consigue al evitar posibles focos de contagio.
No
obstante, no puede hacerse de cualquier manera:
-
Debe hacerse con participación de los representantes de los trabajadores.
-
Debería realizarse de forma universal para evitar que se considere discriminatoria.
Es decir, para toda la plantilla que vaya a compartir el espacio de trabajo, y
por ende, su salud pueda incidir en la salud de los demás. No se entendería una
prueba jerarquizada o por categorías.
-
Debe realizarse por parte de personal designado por parte de la empresa (dotado
de los medios de protección oportunos) y conocido por el resto de compañeros.
Parece
excesivo que la toma de temperatura deba realizarla personal sanitario, puesto
que los termómetros por infrarrojos son de fácil manejo (al margen de las pantallas
térmicas, que están apareciendo) y el dato obtenido no requiere interpretación,
más allá de estar por encima o debajo del umbral fijado.
En este
sentido, el TSJ de la Comunidad
Valenciana ya estableció que los Vigilantes de seguridad pueden tomar la temperatura
de los empleados.
-
Lo importante es el uso y destino de los datos recabados. Deben utilizarse con
la única finalidad de impedir el acceso de una persona sintomática e
identificar a los posibles contactos para que inicien seguimiento.
Deberemos
ser cautelosos a la hora de comunicar a los compañeros. Es mejor hablar de
puesto de trabajo que dar nombre y apellidos, aunque sea inevitable que se
acabe deduciendo quién era.
Por
otro lado, la conservación de los datos no tendrá mucho sentido, puesto que la
temperatura puede variar de un día a otro.
Más
comprometido veo el caso de las pantallas térmicas que incluyen reconocimiento
facial a partir de una fotografía del trabajador. Aquí ya estaríamos
almacenando datos biométricos/de imagen durante un tiempo y por ello, debería
articularse muy bien su protección.
Adjunto
el Comunicado de la AEPD en relación con la toma de temperatura por parte de
comercios, centros de trabajo y otros establecimientos, de 30 de abril:
Si
se quiere ampliar la discusión, adjunto el Link a un artículo publicado por mi nuevamente buen
colega Ramón Pérez Merlos y al debate que ha suscitado en Linkedin:
https://www.linkedin.com/posts/ram%C3%B3n-p%C3%A9rez-merlos-28b0302b_la-toma-de-temperatura-en-el-centro-de-trabajo-activity-6657889502830428160-JspiDebe tenerse en cuenta que la temperatura era uno de los tres síntomas
que inicialmente se identificaron (junto al cansancio y tos seca), pero que con la
llegada del virus a Europa y Estados Unidos, los síntomas reconocidos por la
OMS y otras autoridades se han incrementado a dificultad respiratoria, achaques,
dolor de garganta, diarrea, náuseas y falta de olfato y gusto. Recientemente (20 de mayo) la OMS ha añadido como síntomas, las dificultades
en el habla" o en la movilidad.
Por
ello, un cuestionario de salud que incluya el chequeo de todos estos síntomas,
puede ser más eficaz que la mera toma de temperatura.
b) La realización de test
La
realización de test es uno de los elementos básicos en la lucha contra el
coronavirus en la medida en que puede ayudar a evitar los contagios por parte
de personas asintomáticas y ver quién ha pasado ya el virus y puede estar más
inmunizado frente al mismo.
Actualmente
hay dos tipos de test: los que permiten saber quién está contagiado en ese
momento (PCR) y los que detectan anticuerpos.
Cada tipo tiene sus pros y sus contras:
- Los PCRs tienen la virtud de permitir aislar a los contagiados asintomáticos, pero son una foto del momento, que puede variar al cabo de unos días. Su eficacia aumenta a partir del séptimo día de contagio, por lo que no es descartable que un negativo cambie a positivo en un plazo corto.
- Los PCRs tienen la virtud de permitir aislar a los contagiados asintomáticos, pero son una foto del momento, que puede variar al cabo de unos días. Su eficacia aumenta a partir del séptimo día de contagio, por lo que no es descartable que un negativo cambie a positivo en un plazo corto.
- Los test serológicos ofrecen un dato de anticuerpos que permite intuir una mayor inmunidad
frente al virus, pero sin que pueda descartarse que vuelvan a contagiarse.
Por ello, se
requiere la práctica e interpretación de resultados por parte de personal
sanitario. Asimismo, deberán adoptarse las medidas de protección de datos de
carácter personal.
Debemos evitar tomar medidas basadas en una “falsa sensación de seguridad”, por lo que no minoraremos las medidas de prevención/protección en ningún caso.
Dicho
esto, nada habría que objetar a que las empresas acordaran con la
Representación Legal de los Trabajadores la realización de este tipo de pruebas
a sus plantillas, como una medida más de prevención de contagios.
No
obstante, la escasez de medios llevó al Ministerio de Sanidad a establecer
criterios de priorización para personal sintomático, sensible o de sectores esenciales, prohibiendo así la realización de pruebas generalizadas a toda la plantilla de la empresa.
Recordemos en este sentido la Orden SND/344/2020 cuya vigencia finalizó con el estado de alarma y las Instrucciones
sobre la realización de pruebas diagnósticas para la detección del COVID-19 en
el ámbito de las empresas.
Adjuntamos la última versión, a 21 de diciembre, de estas últimas:
Así como la normativa de las Comunidades Autónomas concretando la Orden a su ámbito competencial.
Con el paso del tiempo, se ha flexibilizado la cuestión, y son muchas las empresas que realizan test y pruebas a sus plantillas, siempre con prescripción y supervisión facultativa.
Si se quiere recordar cómo discutíamos hace unos meses, adjunto el Link al debate planteado en Linkedin
por mi también buen colega Agustín Sánchez-Toledo:
8.- Una PRL post-coronavirus
Como
en el resto de sectores, serán necesarios cambios en la manera de hacer la PRL
después del coronavirus.
A
modo de ejemplo, apunto algunas posibles vías:
a)
La gran mayoría de reconocimientos médicos son voluntarios, por lo que es
predecible que los trabajadores no quieran venir, por el riesgo que supone para
si mismos y para los propios sanitarios. Deberá replantearse el reconocimiento
tradicional, dando entrada a cuestionarios de salud y a la telemedicina. De
este modo, conseguiremos llegar a más gente y particularizar aquellos casos en
los realmente se necesita la visita presencial, adoptando las medidas de
seguridad oportunas.
No
olvidemos que la Guía básica y general de orientación de las actividades de
vigilancia de la salud para la prevención de riesgos laborales, publicada el año pasado, propone (sin
que nadie haya hecho demasiado caso) que la calificación de aptitud se emita
únicamente en los casos de obligatoriedad.
Todo ello exigiría un cambio de cultura en torno
a la Vigilancia de la Salud, superando el concepto de la mayoría de gestores de
Coordinación de Actividades Empresariales (los famosos CAEs) de exigir un
certificado/semáforo a todo el mundo para entrar por la puerta.
No olvidemos que además de las dificultades del
coronavirus, debemos hacer frente al hecho que en 5 o 10 años no habrá
suficientes Médicos del Trabajo ni DUEs de Empresa para atender a la población
laboral.
b) Las formaciones presenciales tendrán
dificultades, por lo que habrá que adaptarlas o permitir imparticiones
telemáticas. Las herramientas de hoy día son mucho más versátiles que las que
teníamos cuando entró en vigor la LPRL.
c) Deberá darse un apoyo psicológico-sanitario a
los trabajadores para superar el miedo al contagio en el entorno laboral. Si
queremos evitar bajas por ansiedad, debemos dar tranquilidad a los empleados,
del mismo modo que los negocios de cara al público harán con sus clientes.
d) Asimismo, deberá potenciarse la prevención de los trabajadores a distancia, atendiendo no solo a factores ergonómicos, sino también psicosociales. Muchos trabajadores se han sorprendido echando de menos la oficina. El trabajo a distancia puede crear sensación de aislamiento y de jornada laboral infinita.
El RD-Ley 28/2020 regula los requisitos de la Evaluación de Riesgos en el trabajo a distancia, pero recordemos que no es de aplicación al teletrabajo excepcional adoptado como medida frente al COVID-19. Podéis ampliar información en Aspectos preventivos del trabajo a distancia: https://bit.ly/3kTSTqG
e) El maldito coronavirus dará oportunidad a que
la PRL esté más presente en todo lo que se haga en la empresa. Debemos aprovechar
este impulso para que sirva, no solo para minimizar el riesgo de contraer la
enfermedad, sino también para evitar la caída al pisar una claraboya, o al resbalarse
la escalera, o al desatascar la máquina sin pararla, o al caer la carga…
Saludos,
y más que nunca, ánimos.
Un gran trabajo sobre el tema de la PRL y la pandemia del Coronavirus Covid19. Nos hemos ido encontrando nuevas normativas con carácter de urgencia, atropelladas por los números de infectados y muertos, sin tiempo para asimilar su contenido y filosofía. Has realizado un repaso, muy documentado para mi entender muy esclarecedor de temas muy confusos. Felicidades!
ResponderEliminarHola, soy docente en Andalucía y me plantea muchas dudas si las Instrucciones que nos obligan a los equipos directivos a elaborar un Protocolo Covid son legales o si cualquiera (sin formación específica puede elaborarlo? Nos han facilitado un modelo de protocolo de actuación homologado, único para todos los centros, sin tener en cuenta el tipo de enseñanzas, el habitáculo concreto, la ocupación, etc.
ResponderEliminarMe pregunto por la competencia, por la responsabilidad que conlleva para personal no cualificado y por en cierta medida el intrusismo profesional que supone.
Las instrucciones a las que me refiero están aquí:https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/200706%20Instrucciones%20inicio%20de%20curso%202020_2021(F).pdf
Y el Protocolo que debemos elaborar tiene que incluir:
Composición Comisión Específica COVID-19.
Actuaciones previas a la apertura del centro.
Actuaciones de educación y promoción para la salud.
Entrada y salida del centro.
Acceso de familias y otras personas ajenas al centro.
Distribución del alumnado en las aulas y en los espacios comunes
Medidas de prevención personal y para la limitación de contactos. Establecimiento, en
su caso, de grupos de convivencia escolar
Desplazamientos del alumnado y del personal durante la jornada lectiva.
Disposición del material y los recursos.
Adaptación del horario a la situación excepcional con docencia telemática.
Medidas organizativas para el alumnado y el profesorado especialmente vulnerable, con
especial atención al alumnado con necesidades educativas especiales.
Medidas específicas para el desarrollo, en su caso, de los servicios complementarios de
transporte escolar, aula matinal, comedor escolar, actividades extraescolares.
Medidas de higiene, limpieza, y desinfección de las instalaciones, y de protección del
personal.
Uso de los servicios y aseos.
Actuación ante sospecha o confirmación de casos en el centro.
Atención al alumnado en residencias escolares, en su caso.
Organización de pruebas extraordinarias de septiembre, en su caso.
Difusión del protocolo y reuniones informativas a las familias.
Seguimiento y evaluación del protocolo
Muchas gracias.