jueves, 30 de abril de 2020

Aspectos jurídicos del coronavirus y la PRL

Este artículo variaría en función de la semana en que fuera escrito, dada la excepcionalidad de la situación en la que nos encontramos como consecuencia de la pandemia causada por el coronavirus (COVID-19).

Por ello, lo iré actualizando cada semana en www.aspectosjuridicosprl.blogspot.com.

ACTUALIZACIÓN: Éste se ubica a principios de octubre, en pleno desarrollo de la segunda ola de contagios, son zonas confinadas.

A nivel normativo y de instrucciones he añadido:
- Actualización a 7 de octubre del Procedimiento de Actuación de los Servicios de Prevención frente al coronavirus. Atención, añade una nueva obligación para los SP: la investigación de las causas de los brotes.
- Actualización a 25 de septiembre de la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19, de 16 de junio.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
Nota informativa sobre la posible consideración como contingencia profesional de las enfermedades derivadas de la exposición al nuevo Coronavirus (Sars-cov-2) y la procedencia del recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad.
- Interpretación de como afecta la normativa autonómica sobre el uso de mascarillas a los centros de trabajo, incluyendo quién debe proporcionarlas (apartado 6, subapartado mascarillas).
Incluyo la reciente Resolución de 4 de septiembre de Canarias, que respecto del ámbito laboral matiza que en el ámbito laboral, en aquellos espacios de trabajo delimitados y ocupados por una sola persona, así como en espacios compartidos, será cada empresa, con su servicio de prevención, quien evaluará el riesgo de contagio y si es necesario el uso continuado de la mascarilla.
- RD-l 27/2020, de 5 de agosto, que prorroga la presunción de accidente de trabajo en los contagios de sanitarios y socio-sanitarios del 1 de agosto hasta finalización de las medidas sanitarias frente al COVID-19 (ver apartado 6 del presente documento).
- RD-ley 26/2020. de 7 de julio: en su Disp. Final Duodécima establece que Inspección podrá sancionar como infracción grave (de 2.046 a 40.985€) por el incumplimiento por parte de las empresas de las medidas sanitarias establecidas para el coronavirus en los centros de trabajo por el art. 7.1, apartados a), b), c) y d) del RD-ley 21/2020 (ventilación y limpieza, desinfección manos, 1,5m o mascarilla y no-aglomeraciones) durante la vigencia del mismo.

A nivel de resoluciones judiciales:
- Nota de prensa publicada el 8 de septiembre de la citación como investigados de la Directora de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanitat y del Gerente del Hospital General de Alicante por escasez de EPIs para el personal sanitario al inicio de la pandemia: https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2020/09/07/5f562cd6fdddffbda08b4747.html
- La sentencia de 3 de junio del Juzgado Social de Teruel que declara que la Administración ha vulnerado los derechos en materia de PRL de los trabajadores sanitarios y socio-sanitarios, poniendo en peligro su salud.
- La nota de prensa de 9 de junio, que se hace eco del juicio celebrado en el TSJ de la Comunidad Valenciana que dará lugar en los próximos días a una sentencia sobre si se puede encargar/obligar a los Vigilantes de Seguridad que realicen la toma de temperatura de los trabajadores. La sentencia será interesante, puesto que indirectamente plantea si este tipo de pruebas deben realizarlas personal sanitario o cualquier otra persona designada y formada para ello. 

A nivel de divulgación, añado el link a la Webinar en la que participé, organizada por AEEMT-Uniteco. Responsabilidad profesional médica en la especialidad de Medicina del trabajo en el contexto del coronavirus.

Asimismo, he añadido una reflexión sobre la elaboración de listados de sensibles sin estado de alarma y en escenario de riesgo comunitario bajo.


El coronavirus ha monopolizado nuestra vida personal y profesional. Todas las noticias giran en torno a él y a sus repercusiones. Por ello, me he animado a reunir algunas reflexiones desde la perspectiva jurídica y de prevención de riesgos laborales.


1.- Una nueva legalidad “a medida”

La publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, ha supuesto la declaración de estado de alarma, en el cual se ha dotado al Ministerio de Sanidad de competencias excepcionales para dictar normas e instrucciones y disponer de medios públicos y privados.

En este contexto, las múltiples instrucciones del Ministerio de Sanidad constituyen la nueva legalidad, siendo la más específica del sector de la PRL el Procedimiento de Actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al SARS-Cov-2 (décima versión de 14 de julio), que durante el estado de alarma, es vinculante para empresas y Servicios de Prevención.


La excepcionalidad del estado de alarma, dará lugar a una nueva normalidad transitoria hasta que se dé por finalizada la alerta sanitaria. Para ello, el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Su vigencia se inicia en cada territorio cuando se supere la Fase 3 o con carácter general cuando cese el estado de alarma.

En su capítulo II contiene disposiciones relativas a Prevención e Higiene: art. 6 (uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos), 7 (centros de trabajo), 8 (centros, servicios y establecimientos sanitarios), 9 (centros docentes), 10 (servicios sociales), 11 (establecimientos comerciales), 12 (hoteles y alojamientos turísticos), 13 (actividades de hostelería y restauración), 14 (Equipamientos culturales, espectáculos públicos y otras actividades recreativas), 15 (instalaciones para las actividades y competiciones deportivas), 16 (otros sectores de actividad).

Destacamos los artículos 6 y 7:
Art. 6: Uso obligatorio de mascarilla para personas de 6 años en adelante en transportes públicos y en espacios públicos  cuando no se pueda garantizar 1,5 m de distancia interpersonal.

Art. 7: Medidas aplicables a los centros de trabajo, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa PRL:
a) Ventilación, limpieza y desinfección con arreglo a los protocolos que se establezcan en cada caso.
b) Disposición para los trabajadores de agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o desinfectantes para la limpieza de manos.
c) Condiciones de trabajo, incluida ordenación de los puestos y organización de turnos, así como uso de lugares comunes garantizando la distancia mínima de 1,5 metros entre trabajadores. Cuando no sea posible, se proporcionarán equipos de protección adecuados al nivel de riesgo.
d) Evitar la coincidencia masiva de personas, tanto trabajadores como clientes o usuarios.
e) Reincorporación progresiva de forma presencial y potenciación del teletrabajo.

Las personas con síntomas compatibles con COVID-19 o en aislamiento domiciliario por COVID-19 o en periodo de cuarentena por contacto estrecho no deberán acudir a su centro de trabajo.
Si un trabajador inicia síntomas, se contactará de inmediato con el teléfono habilitado de la comunidad autónoma o centro de salud, y, en su caso, con los correspondientes servicios de prevención de riesgos laborales. De manera inmediata, el trabajador se colocará una mascarilla y seguirá las recomendaciones hasta valoración por profesional sanitario.

La Disposición Final Duodécima del RD-ley 26/2020, en vigor desde el 8 de julio, ha establecido la potestad de Inspección de Trabajo para requerir y sancionar y de los técnicos habilitados CCAA para requerir, por los incumplimientos de las medidas señaladas en los apartados a a d del artículo 7.1 del RD-ley 21/2020 (ventilación y limpieza, desinfección manos, 1,5m o mascarilla y no-aglomeraciones).

Para ello, añade los apartados 4, 5 y 6 al artículo 31 RD-ley 21/2020, que hace referencia al régimen sancionador:

- Se habilita a Inspectores y Subinspectores de Trabajo y SS para vigilar y requerir, y en su caso, extender actas de infracción, en relación con el cumplimiento por parte del empleador de las medidas de salud pública establecidas en los párrafos a), b), c) y d) del art. 7.1 del RD-ley 21/2020 (ventilación y limpieza, desinfección manos, 1,5m o mascarilla y no-aglomeraciones), cuando afecten a las personas trabajadoras. Habilita también a funcionarios CCAA para funciones del art 9.2 LPRL.

- El incumplimiento por el empleador de las obligaciones a las que se refiere el apartado anterior constituirá infracción grave, sancionable como las equivalentes en PRL según texto refundido LISOS (importes de 2.046 a 40.985 euros).

En el caso de incumplimientos de las administraciones públicas, se procederá conforme al RD 707/2002, para la Admin. Gral. del Estado, o a la normativa autonómica.

- El régimen previsto se podrá adaptar por las CCAA dentro de sus competencias.


2.- Un aspecto de salud pública que afecta al entorno laboral

El COVID-19 es una pandemia que afecta a todos los ámbitos de la actividad diaria, incluido el profesional.

Por ello, nos encontraremos con:

a) Empresas que ya estaban expuestas a riesgos biológicos, resultando de aplicación el Real Decreto 664/1997 (por ejemplo, sector socio-sanitario) y que añaden este virus a los que ya tenían presentes.

b) Empresas que no tienen en su actividad el riesgo de exposición a agentes biológicos, pero se ven interpeladas a aplicar las consignas del Ministerio de Sanidad para evitar la propagación del virus en los centros de trabajo. 

En el primer caso, nos hallamos ante una ampliación de la acción preventiva, mientras que en el segundo, ante una acción sanitaria global. Así lo ha establecido la Inspección de Trabajo en su Criterio Operativo nº 102/2020.

Téngase en cuenta que las medidas preventivas tradicionales son fruto de años de práctica y tienen una eficacia contrastada respecto de la eliminación o control del riesgo. Por ejemplo, se realizan trabajos en altura muy complejos, con unas medidas que protegen eficazmente en caso de caída.

Sin embargo, las medidas sanitarias frente a la pandemia, tienden a minimizar el riesgo de contagio, pero no pueden asegurar que no se produzca.

Por poner algunos ejemplos, la desinfección de espacios no puede garantizar cuanto tiempo permanece seguro un lugar. La distancia social no puede proteger respecto de la posible permanencia del virus en superficies. El aislamiento de personas sintomáticas no impide el contagio de asintomáticas. Ni siquiera los test garantizan que al día siguiente haya cambiado la situación de la persona. Algunas mascarillas no son un EPI, puesto que no protegen a quien las lleva...

Sin embargo, los actores en PRL están llamados a jugar un papel decisivo en la implantación de estas medidas sanitarias, no por cumplimiento de la LPRL, sino por mandato expreso del Ministerio de Sanidad, que les ha asignado los cometidos que veremos en el siguiente apartado.


3.- Unas actividades preventivas distintas

El Procedimiento del Ministerio de Sanidad establece unas obligaciones específicas para empresas y Servicios de Prevención, que son de obligado cumplimiento durante la pandemia.

Dado que el contacto con el virus puede afectar a entornos sanitarios y no sanitarios, corresponde a las empresas evaluar el riesgo de exposición en que se pueden encontrar las personas trabajadoras en cada una de la tareas diferenciadas que realizan y seguir las recomendaciones que sobre el particular emita el servicio de prevención, siguiendo las pautas y recomendaciones formuladas por las autoridades sanitarias.

Estas actuaciones pueden resumirse en:

- Evaluar el riesgo específico de exposición al coronavirus y planificar las medidas preventivas y de protección a implantar.

- Informar y formar a los trabajadores sobre dicho riesgo y las medidas a adoptar.

- Efectuar, a través del servicio sanitario del Servicio de Prevención, el seguimiento de los contactos estrechos y de los trabajadores sensibles. Recordemos que los servicios sanitarios de los Servicios de Prevención realizarán el informe preceptivo para la tramitación de la baja por parte del Sistema Público de Salud.

Se ha suscitado la discusión sobre si las empresas que no están expuestas a riesgos biológicos (las del apartado b anteriormente comentado) deben realizar la Evaluación de Riesgos o si basta con aplicar directamente las medidas o elaborar un Protocolo.

La última versión del Procedimiento de actuación de los Servicios de Prevención, de 8 de abril, añade:

Según se ha señalado en el apartado anterior, cualquier toma de decisión sobre las medidas preventivas a adoptar en cada empresa deberá basarse en información recabada mediante la evaluación de riesgo de exposición específica que se realizará siempre en consonancia con la información aportada por las autoridades sanitarias.

Asimismo, la NOTA INTERPRETATIVA sobre dicho procedimiento establece que:

Las personas trabajadoras pueden ser ubicadas en cualquiera de los 3 escenarios definidos, no de manera permanente y general, sino siempre en función de la naturaleza de las actividades y evaluación del riesgo de exposición. Los requerimientos de protección personal que se citan en cada columna son diferentes y obsérvese que van precedidos de la frase “En función de la evaluación específica del riesgo de exposición de cada caso”. Esta evaluación es la única actividad técnica que podrá servir de base para tomar las decisiones técnico preventivas adaptadas a cada caso.

Se discute también sobre si debe realizarse como revisión de la Evaluación que ya tenga la empresa o como documento diferenciado.

En empresas no expuestas a biológicos (las del apartado b, nuevamente) lo razonable es que se realice en documento separado, puesto que trae causa en una circunstancia coyuntural, desligada del proceso productivo.

En resumen, siendo una actuación distinta de la Evaluación de Riesgos tradicional (no es la del art. 4 del RSP), lo recomendable es tenerla documentada, se le llame como se le quiera llamar, pero teniendo presente que el Procedimiento lo llama Evaluación específica del riesgo de exposición a coronavirus.

Todo ello servirá para planificar de qué modo trasladaremos a la empresa las instrucciones del Ministerio de Sanidad. Debemos ser capaces de concretar la aplicación práctica en el centro de trabajo: cómo mantendremos la distancia de seguridad, cuantos trabajadores pueden coincidir, cómo sectorizamos, qué tipo de EPIs pueden ser necesarios, dónde colocaremos los geles desinfectantes, como se organiza el comedor… es decir, un Plan detallado de reanudación/desarrollo de la actividad, a semejanza de los Planes de Contingencia que ya se exigen para las residencias de mayores y centros socio-sanitarios (incluyendo un Plan de continuidad de negocio ante la eventualidad de nuevas bajas). 

Quisiera añadir el comentario, que debemos continuar dando preferencia a las medidas colectivas sobre las individuales. En empresas que no están expuestas a riesgos biológicos, antes que sobrecargar de protecciones al trabajador, lo más importante será garantizar la distancia de 1,5 metros (preferencia por el teletrabajo, señalización/sectorización de puestos, escalado de horarios...), el lavado de manos (dispensadores de gel) y la limpieza y desinfección.

La undécima actualización del procedimiento de los Servicios de Prevención frente al coronavirus ha añadido una nueva obligación de los SP: la investigación de las causas de los brotes:

El SPRL investigará y analizará las causas de los brotes: medidas organizativas inadecuadas o no implantadas, incumplimiento de las distancias de seguridad, instrucciones en idiomas que no se comprenden, mascarillas inadecuadas, mal uso de las mismas, movimientos del personal, reuniones, descansos, espacios comunes, etc. 

El uso de mascarillas solo sería obligatorio cuando no pueda garantizarse la distancia de seguridad, de conformidad al artículo 7.1.c) del RD-ley 21/2020 (ver también Tabla 1 del Procedimiento).

La Nota interpretativa de 6 de julio, clarifica para la 3a columna de la Tabla 1, baja probabilidad de exposición: en general, las personas trabajadoras que se encuentren en ese escenario no deben llevar EPI, pero deben tener disponibilidad de algunos componentes EPI para poder utilizarlos en determinadas situaciones laborales (a modo de ejemplo, cita la falta de cooperación de persona sintomática).

A partir de la segunda semana de julio, la mayoría de Comunidades Autónomas han regulado el uso obligatorio de mascarilla en cualquier espacio de uso público o abierto al público, aunque pueda garantizarse la distancia de 1,5m. siendo susceptible de sanción por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.


Desde el inicio se ha planteado la duda de en qué medida se aplica a los centros de trabajo de las empresas.

Después de diversas notas de prensa y Preguntas más frecuentes, podemos resumir la situación actual del siguiente modo:

- Espacios de las empresas de uso privado: no sería obligatorio el uso de mascarilla una vez el trabajador está en su puesto, siempre que se garantice la distancia de seguridad o se utilicen mamparas.

Se seguirá aplicando lo establecido en el artículo 7.1.c del RD-ley 21/2020: Adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre los trabajadores. Cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse a los trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo.

- Espacios de las empresas abiertos al público o de uso público (recepciones, salas de espera, puntos de venta, etc): sí sería obligatorio el uso de mascarilla, por entenderse comprendido en la regulación autonómica.

- Espacios de uso común por parte de los trabajadores o de terceras personas (pasillos, aseos, máquinas de café, salas de reuniones, etc.): sí sería obligatorio el uso de mascarilla según las Preguntas Más Frecuentes publicadas por Canal Salut y por Osalan, de Catalunya y Euskadi.

Por ello, se extiende el concepto de uso público a uso común, a semejanza de lo establecido en el Código Técnico de Edificación, al ser espacios en los que pueden concurrir trabajadores no habituales. Casaría con el concepto de grupos estancos o burbuja que se aplicará en las escuelas.

La normativa de la Comunidad Autónoma de Madrid, publicada posteriormente, coincide con dicho criterio, indicando que no será obligatoria la mascarilla: En los centros de trabajo exclusivamente cuando los trabajadores permanezcan sentados en su puesto de trabajo siempre que se pueda garantizar la distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros con otros trabajadores y/o usuarios de las instalaciones.

Considero que la delimitación a sentados responde a un planteamiento excesivamente enfocado a trabajo en oficinas. Hubiera sido preferible un concepto más amplio: cuando los trabajadores permanezcan en lugares fijos o desarrollando sus labores en una zona delimitada...

Por otro lado, el 5 de septiembre se publicó la Resolución de Canarias que especifica que: b) En el ámbito laboral. En aquellos espacios de trabajo delimitados y ocupados por una sola persona, será cada empresa, con su servicio de prevención, quien evaluará el riesgo de contagio y si es necesario el uso continuado de la mascarilla. Igualmente, en espacios compartidos, será cada empresa, mediante su servicio de prevención, y de forma excepcional, quien evaluará el riesgo de contagio y si se puede prescindir del uso continuado de la mascarilla, siempre que se dé cumplida observancia de otras medidas de prevención y protección. Cuando se aplique esta excepcionalidad, el servicio de prevención de riesgos lo comunicará a la Dirección General de Salud Pública.

- Mientras se ejecute un trabajo de esfuerzo físico (por ejemplo, en trabajos vinculados a la construcción), se podrá prescindir de la mascarilla siempre que se pueda garantizar la seguridad y salud de las personas.

Otra de las dudas que se ha planteado es quién debe proporcionar las mascarillas.

Sin perjuicio de posteriores pronunciamientos de los organismos oficiales y de lo que las empresas puedan acordar con la Representación legal de los trabajadores, podemos entender que:

a) El empresario no vendría obligado a proporcionar la mascarilla cuando los riesgos del puesto de trabajo no exijan su uso.

Se entenderá que la mascarilla se utiliza en cumplimiento de una obligación ciudadana general, extendida a determinados espacios del centro de trabajo, puesto que vale la misma mascarilla que se utiliza por la calle.

No obstante, el empresario sí debe tener un retén a disposición de los trabajadores, para hacer frente a cualquier incidencia.

b) El empresario sí debería proporcionar la mascarilla cuando:

- En función de los riesgos del puesto de trabajo se exija una mascarilla de protección superior a las que se aceptan para uso en la vía pública.

Es decir, sí vendría obligado a proporcionar mascarillas FPP2, equivalentes o de protección superior, puesto que exceden a las de tela, quirúrgicas o higiénicas que se aceptan en la calle.

- Cuando en trabajos de atención al público o en contacto con clientes, se haya definido la mascarilla como prenda de trabajo o se haya diseñado una mascarilla corporativa como parte del vestuario.

- Cuando en el desempeño del trabajo se utilice una mascarilla de las aceptadas en la vía pública, pero el entorno laboral pueda provocar suciedad o desperfectos en la mascarilla.

Por último, queremos recordar que el uso de mascarilla no exime de la adopción de las medidas colectivas, tales como la limpieza y desinfección, higiene de manos, distancia interpersonal, evitación de aglomeraciones, etc.


En cuanto a las obras de construcción, según criterio del INSST las medidas de Ministerio de Sanidad se incorporan al Plan de Seguridad y Salud mediante anexo, que debe ser también aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud:

Respecto de la formación, en las empresas del grupo a (expuestas a riesgos biológicos) formará parte de la formación del puesto de trabajo (art. 19 LPRL). Sin embargo, en las empresas del grupo b, no se trata de riesgos propios de la actividad laboral, y por ello, se tratará de una formación transversal, eso sí, adaptada, en la medida de lo posible, a las particularidades de la empresa (recordemos que durante el estado de alarma no se ha podido realizar formación presencial).

Según el Procedimiento de los Servicios de Prevención:

La información y la formación son fundamentales para poder implantar medidas organizativas, de higiene y técnicas entre el personal trabajador en una circunstancia tan particular como la actual. Se debe garantizar que todo el personal cuenta con una información y formación específicas y actualizadas sobre las medidas específicas que se implanten.

Recordemos que el RD 463/2020, que declaró el estado de alarma, establecía que:

Artículo 9. Medidas de contención en el ámbito educativo y de la formación.
1. Se suspende la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza contemplados en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, incluida la enseñanza universitaria, así como cualesquiera otras actividades educativas o de formación impartidas en otros centros públicos o privados.
2. Durante el período de suspensión se mantendrán las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y «on line», siempre que resulte posible.

En este sentido, FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, ha admitido la formación virtual si se cumplen unos requisitos, pero la FLC y la FMF no, aduciendo que requeriría una modificación de los Convenios Colectivos de Construcción y del Metal, por lo que no ha sido posible formar a un nuevo empleado en dichos sectores.

El 15 de mayo se publicó el comunicado FLC de reactivación formación presencial a partir 18 de mayo:

https://www.trabajoenconstruccion.com/resources/subirarchivos/ReactivacionFasesCovid.pdf

Se vuelve a habilitar la aplicación de entidades homologadas para la comunicación e impartición de acciones formativas con sesiones presenciales tanto nuevas, como aquellas que ya están comunicadas y quedaron pendientes de finalizar.

- La entidad homologada deberá cumplir siempre con las normas de prevención de contagio del Covid-19 que se establezcan por la autoridad competente.

- En territorios en fase 0 ó 1 deberán impartirse en las instalaciones de las obras o de las empresas constructoras, y con ciertas condiciones.

- En territorios en fase 2 o 3 se admitirá en centros de formación como en instalaciones de obras o de empresas constructoras. Estas acciones formativas se podrán empezar a comunicar cuando el territorio se encuentre en la fase 1.

El 5 de junio se publicó la Resolución de 1 de junio de 2020, que permite la recuperación de la modalidad presencial en la formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, una vez los territorios se hallan en Fase 2.

https://www.fundae.es/docs/default-source/transparencia/resolución-de-1-de-junio-de-2020.pdf


Respecto de los seguimientos sanitarios, debemos recalcar que la condición de trabajador es la que determina que el seguimiento se realice a través del Servicio de Prevención. En caso contrario, se efectuaría directamente por el Sistema Público de Salud.

El Servicio de Prevención no da la baja ni el alta, pero emite el informe preceptivo para que se curse la primera.

Respecto de los trabajadores especialmente sensibles, no se parte de los casos abordados bajo el artículo 25 LPRL, sino de unos grupos vulnerables para el coronavirus: personas con diabetes, enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo, embarazo y mayores de 60 años.

Los Anexos IV y V del Procedimiento establecen las pautas a aplicar, destacando que la vulnerabilidad no implica la baja, sino que éste es el último recurso, puesto que se describe desde la continuidad sin adaptaciones, a la necesidad de uso de EPIs, a la adaptación o cambio del puesto para que no esté en contacto con personas sintomáticas. Solo si esto no fuera posible, se tramitaría la baja, en casos de patología descompensada o existencia de dos patologías o más.

Simplificando mucho, si el trabajador está estable e ir al trabajo no le supone mayor riesgo que ir al supermercado o al banco, se promoverá la adaptación y continuidad. La previsión es que la figura vaya desapareciendo con el estado de alarma y que los trabajadores que no puedan trabajar sea por patologías agudas o descompensadas que ya justificaran la baja por si mismas.

A partir del 17 de junio, deben considerarse las nuevas instrucciones del INSS, según las cuales, una vez finalizado el estado de alarma, la mayoría de situaciones deben ser llevadas a alta.

Los procesos de incapacidad temporal de estos colectivos que persisten en la actualidad, porque no se han revisado en función del riesgo existente en ese periodo de paso entre las fases II y III de la desescalada, deberán revisarse lo antes posible en la medida en que se considera que, con las medidas adoptadas en los centros de trabajo, en cumplimiento del Real Decreto-ley 21/2020, el riesgo en los mismos será similar al riesgo comunitario, que en estos momentos se considera bajo o muy bajo.

Para ello, en la nueva versión del Procedimiento de actuación de los Servicios de Prevención frente al coronavirus (de 19 de junio) se incorpora el informe de NO NECESIDAD DE IT (Modelo 3 del Anexo I).

Se entiende que la permanencia en baja será muy excepcional: No obstante, en aquellos casos en que el SPRL considerara de manera fehaciente la necesidad (por las especiales características del caso concreto) de mantener el proceso de incapacidad temporal, así se lo hará saber al facultativo del Servicio Público de Salud (SPS).

Algunas Comunidades Autónomas van a emitir las altas automáticamente y los casos excepcionales pueden quedar de baja por la palotogía de base, no por la especial sensibilidad al coronavirus.

Se ha planteado, si en una vez superado el estado de alarma y siendo el riesgo comunitario bajo, que permite el trabajo de los sensibles, debe mantenerse actualizado un listado. Desde mi punto de vista, los listados cobran sentido cuando tienen trascendencia preventiva, pero en este caso, la sensibilidad tiene que ver con una mayor vulnerabilidad en caso de contagio, pero no con una mayor contagiosidad. Por ello, las medidas para evitar el contagio deben ser las mismas para todos los empleados. Si estigmatizamos en un listado, corremos el peligro que el empresario se vea tentado a prescindir de estos colectivos para evitarse bajas futuras en caso de rebrotes o nuevo estado de alarma. De este modo, mi recomendación sería que, sin estado de alarma, el listado se maneje entre trabajadores y servicio médico del servicio de prevención. Si volviera el estado de alarma por incremento del riesgo colectivo, procedería nuevamente dar publicidad al listado y valorar la hipotética baja por sensibilidad al coronavirus.


Respecto del seguimiento de contactos estrechos, se considerarán como tales a las personas que hayan estado a una distancia menor de 2 metros (compañeros de trabajo, visitas, etc.) o hayan compartido el mismo espacio cerrado (despacho, sala, recinto deportivo, espectáculo, avión, etc..) durante más de 15 minutos seguidos de una persona sintomática.

En el ámbito sanitario, se aplica a quién haya proporcionado cuidados a personas sintomáticas sin haber podido utilizar las medidas de protección adecuadas.

La baja se traduce en una cuarentena domiciliaria de 14 días, valorándose la realización a los 7 días de una prueba de laboratorio (PCR), que en caso de ser negativa, implicará la reincorporación. 

De conformidad con la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19, actualizada a 7 de septiembre:

A toda persona con sospecha de infección por el SARS-CoV-2 (ver definición de caso sospechoso) se le realizará una PCR1 (u otra técnica de diagnóstico molecular que se considere adecuada) en las primeras 24 horas.

Si la PCR resulta negativa y hay alta sospecha clínica de COVID-19 se repetirá la PCR a las 48 horas con una nueva muestra del tracto respiratorio. Si la PCR continúa siendo negativa y han trascurrido varios días desde el inicio de los síntomas, se podría plantear la detección de IgM mediante una prueba serológica2 tipo ELISA u otras técnicas de inmunoensayo de alto rendimiento. Según la evidencia actual, la OMS3 únicamente recomienda el uso de test rápidos para determinadas situaciones y estudios, y con fines de investigación. Las técnicas de detección rápida de antígenos o anticuerpos no se consideran adecuadas para el diagnóstico de infección aguda. Tampoco la serología tipo ELISA u otras técnicas de inmunoensayo de alto rendimiento están indicadas por sí solas para el diagnóstico en la fase aguda de la enfermedad.


Por lo tanto, se trata de nuevas exigencias que van más allá de la PRL ordinaria y que probablemente marcarán la posterior evolución de la misma.

NOTA: Debemos poner de manifiesto una discrepancia entre el hecho que la distancia interpersonal en los centros de trabajo se haya reducido a 1,5 metros (según el mismo Procedimiento en su versión de 6 de julio y el art. 7 del RD-l 21/2020) y sin embargo, no se haya modificado el umbral para contactos estrechos (2 metros). Esto significa que una empresa puede estar cumpliendo con la distancia de 1,5 metros entre sus empleados (por ejemplo, en la ubicación de las mesas de una oficina) pero que de producirse un positivo, todo aquel que haya estado a menos de 2 metros, pase a ser considerado contacto estrecho.


4.- El papel de los Servicios de Prevención

En referencia a quién debe realizar estas actividades preventivo-sanitarias frente al coronavirus, se ha suscitado el debate de si deben ser o no los Servicios de Prevención.

El Procedimiento es claro en este extremo desde el mismo título, apuntando a la modalidad preventiva. 

Así se han pronunciado organismos oficiales como el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, indicando que corresponderá al empresario garantizar esa formación e información específica, y corresponderá al SPA proporcionarla.

No obstante, hay quién defiende que la parte técnica puede realizarla el propio empresario, aplicando las medidas sanitarias según su criterio o asesorándose por quién estime oportuno. Que la formación está disponible en internet y que las medidas son de público conocimiento.

Cada uno decidirá si quiere realizar este viaje por su cuenta, o como indica el Ministerio de Sanidad, con el asesoramiento del Servicio de Prevención.

Solo cabe añadir que éste es un viaje muy complejo, en el que no está en juego solo la posibilidad de ser sancionados o no, sino si somos capaces de dar confianza a nuestros empleados y clientes en el retorno al trabajo y si seremos capaces de demostrar documentalmente la solidez de lo realizado en caso de declaración retroactiva de una baja por coronavirus como accidente de trabajo (ver dos apartados más adelante).

Por ello, es importante, tal y como establece el Procedimiento, seguir las directrices del Servicio de Prevención, es decir, contar con el apoyo de los técnicos y sanitarios de la modalidad preventiva de la empresa.


Y llegados aquí la controversia muestra su verdadero rostro y plantea si los SPAs pueden cobrar por estas actuaciones, o si deben considerarse incluidas en el contrato de PRL. Intuyo que si estuviera claro lo segundo, no se discutiría su obligatoriedad y exigencia al SPA.

Siendo este un tema que cada uno negociará con su SPA, lo cierto es que como se ha indicado, estas actuaciones exceden (rebosan, como diría Marchena) el concierto de actividad preventiva (art. 20 RSP) y la propia LPRL.

Cuanto antecede no obsta a que se exijan trabajos a medida y no pantallazos de internet.


5.- Una coyuntura que obliga a un enjuiciamiento “de excepción”

En el ámbito ordinario de la PRL, cuando se determina la obligatoriedad de una medida de prevención, por ejemplo, el uso de un EPI, su ausencia implica la imposibilidad de realizar el trabajo, puesto que no cabe realizarlo sin las medidas oportunas.

Sin embargo, la magnitud de la pandemia ha llevado a la indisponibilidad de medios de protección como mascarillas, guantes, pantallas faciales, batas… sin que ello haya implicado la paralización de la actividad en sectores críticos, como el socio-sanitario, que han debido funcionar por encima de sus posibilidades (con la consecuencia de tantos profesionales afectados) para atender a la gran cantidad de personas enfermas.

La Inspección de Trabajo clarificó que no era competente para paralizar una actividad en una empresa que no estuviera expuesta a riesgos biológicos, en base a aspectos sanitarios de carácter general.

Basta examinar la GUIA PARA PROTECCIÓN PERSONAL-Estrategias alternativas en situación de crisis, (Anexo III al Procedimiento de los Servicios de Prevención) en la que se establecen alternativas ante la escasez de medios.

Todo ello refleja la excepcionalidad de la situación, que se ha traducido en sentencias que a instancias de colectivos sanitarios, vigilantes de seguridad… requieren a la Administración a facilitar medios pero mantienen el funcionamiento de servicios esenciales en la lucha contra el coronavirus.

Se ha permitido la adquisición de EPIs y material sanitario sin marcado CE (Resolución de 23 de abril de 2020, de la Secret. Gral. Industria y Pequeña y Mediana Empresa y Orden SND/326/2020, de 6 de abril para la fabricación de mascarillas y batas quirúrgicas) e incluso se ha prorrogado la vigencia de los permisos de conducir y de los mantenimientos industriales (Orden INT/262/2020 20 de marzo y Orden SND/325/2020, de 6 de abril) y se han suspendido las mediciones en Minería.

Se recomienda el transporte individual para acceder el centro de trabajo, en contra de las medidas que podían constar en los Planes de Movilidad en el marco de la Seguridad Vial Laboral, realizados años atrás.

Veremos si estas salvedades coyunturales se tienen en cuenta a la hora de fiscalizar a las empresas en el escenario descrito en el siguiente apartado.


6.- Un escenario de posible declaración retroactiva de accidente de trabajo

Desde el inicio del estado de alarma se estableció, como mayor protección económica para los trabajadores, que las bajas por coronavirus se tramitarían como contingencia común, pero a únicos efectos prestacionales, se asimilarían a accidente de trabajo e efectos del cálculo de la prestación (art. 5 del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo).

No obstante, el Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, modificó dicho artículo en su Disposición Final Primera, añadiendo que las bajas por coronavirus podrán ser consideradas como accidente de trabajo cuando se pruebe que el contagio de la enfermedad se ha contraído con causa exclusiva en la realización del trabajo.

El Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, en su artículo 9, ha regulado la presunción de laboralidad para el personal que presta servicio en centros sanitarios o socio-sanitarios, durante el estado de alarma y hasta un mes después del mismo:

1. Las prestaciones de Seguridad Social que cause el personal que presta servicios en centros sanitarios o socio-sanitarios, inscritos en los registros correspondientes, y que en el ejercicio de su profesión, hayan contraído el virus SARS-CoV2 durante cualquiera de las fases de la epidemia, por haber estado expuesto a ese riesgo específico durante la prestación de servicios sanitarios y socio-sanitarios, cuando así se acredite por los servicios de Prevención de Riesgos laborales y Salud Laboral, se considerarán derivadas de accidente de trabajo, al entender cumplidos los requisitos exigidos en el artículo 156.2.e) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

2. Esta previsión se aplicará a los contagios del virus SARS-CoV2 producidos hasta el mes posterior a la finalización del estado de alarma, acreditando este extremo mediante el correspondiente parte de accidente de trabajo que deberá haberse expedido dentro del mismo periodo de referencia.

3. En los casos de fallecimiento, se considerará que la causa es accidente de trabajo siempre que el fallecimiento se haya producido dentro de los cinco años siguientes al contagio de la enfermedad y derivado de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.


De este modo, nos encontraremos con las siguientes situaciones:

a) Personal sanitario y socio-sanitario: 

- Bajas posteriores al 28 de mayo y hasta el 21 de julio (un mes después de finalizado el estado de alarma): se tramitarán como accidente de trabajo, con el correspondiente parte.
- Bajas anteriores al 28 de mayo: puesto que fueron tramitadas como contingencia común, se procedería al cambio de contingencia. 
- La asistencia sanitaria prestada hasta el 28 de mayo, se considerará como derivada de contingencia común, pero una vez declarada la contingencia profesional, las recaídas serán consideradas como accidente de trabajo (disposición transitoria tercera).
- Los fallecimientos derivados del COVID-19 se considerarán como accidente de trabajo hasta 5 años después del contagio.

En la actualización a 8 de junio del Procedimiento de actuación de los Servicios de Prevención frente al coronavirus, se incluye que a partir del 28 de mayo la emisión de los partes de alta y baja se realizará por parte de las Mutuas, previa acreditación por parte del Servicio de Prevención mediante formulario que se añade en el Anexo I.4.

El 5 de agosto se publicó el RD-l 27/2020 que corrigió la situación, prorrogando la presunción de accidente de trabajo para este colectivo del 1 de agosto hasta levantamiento de la medidas sanitarias frente al COVID-19. (https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-9131)


Disposición adicional octava. Prórroga del artículo 9 del Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19.

La consideración como contingencia profesional derivada de accidente de trabajo de las enfermedades padecidas por el personal que presta servicio en centros sanitarios o socio-sanitarios como consecuencia del contagio del virus SARS-CoV2, se aplicará, a los contagios del virus SARS-CoV2 producidos desde el 1 de agosto de 2020 hasta que las autoridades sanitarias levanten todas las medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, acreditando el contagio mediante el correspondiente parte de accidente de trabajo que deberá haberse expedido dentro del mismo periodo de referencia.


La presunción anterior (del RD-l 19/2020) regía "hasta el mes posterior a la finalización del estado de alarma", por lo que se interpretó que era hasta el 21 de julio (me consta que algunas Mutuas dejaron de emitir partes de accidente).


Sin embargo, con la publicación de la prórroga, se interpreta que era durante todo el mes de julio, con lo que la prórroga posterior daría continuidad. Añado Nota de Prensa del Ministerio con el tema de las fechas:

http://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/seguridadsocial/detalle/3877

Debemos añadir que los colectivos sanitarios abogan por la declaración como enfermedad profesional:
Actualizada a 2 de junio, NOTA INFORMATIVA EXIGIENDO LA CONSIDERACIÓN DE COVID-19 EN PERSONAL SANITARIO Y SOCIOSANITARIO COMO ENFERMEDAD PROFESIONAL Y NO COMO ACCIDENTE DE TRABAJO.

b) Personal no sanitario o socio-sanitario:

Se tramitan como contingencia común. Cabe la posibilidad de que los trabajadores afectados reclamen el cambio de contingencia frente al INSS, alegando que el contagio se produjo en el centro de trabajo.

Este supuesto no debe plantearse solo para el “caso fuente”, es decir, como se infectó Pepito, sino que por el mero hecho de que Pepito padeciera la enfermedad, puede legitimar a Juanito y Sotanito, que compartieron oficina o sección con él (y quizás fueron objeto de seguimiento sanitario por contacto estrecho) a solicitarlo.

Está por ver qué recorrido tendrá todo esto, pero la declaración de accidente sería a todos los efectos, en los términos que señala el artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

Cuanto antecede ha quedado clarificado por la Nota informativa sobre la posible consideración como contingencia profesional de las enfermedades derivadas de la exposición al nuevo Coronavirus (Sars-cov-2) y la procedencia del recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad.

De este modo, se pueden derivar las responsabilidades empresariales típicas frente a accidentes de trabajo: las prestaciones e indemnizaciones según Convenio Colectivo, el recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad, la reclamación de daños y la imputación de un delito contra los trabajadores (art. 316 a 318 del CP).

Algunos accidentes se limitarán a los días de baja/cuarentena, pero otros, por desgracia, habrán acabado siendo mortales o dejando unas secuelas (por ejemplo, pulmonares, neurológicas, vasculares...) que a día de hoy no conocemos con exactitud.

Veremos cómo se juzgará todo esto, especialmente el personal sanitario y socio-sanitario que haya estado atendiendo a pacientes de coronavirus, expuestos, en este caso sí, por su cometido laboral y contando con escasos medios de protección por falta de suministro. Quedará como una de las imágenes de la pandemia, el recurso a las gafas de buceo del Decathlon.

El delito contra la seguridad de los trabajadores, el recargo de prestaciones, las reclamaciones civiles, deberán juzgarse en un contexto de excepción, con 50.000 sanitarios afectados por la imposibilidad de paralizar la actividad y dejar de atender a los enfermos.

Destacamos la sentencia de 3 de junio del Juzgado Social de Teruel que declara que la Administración ha vulnerado los derechos en materia de PRL de los trabajadores sanitarios y socio-sanitarios, poniendo en peligro su salud.

Asimismo, un Juzgado de Instrucción de Valencia ha citado como investigados para el próximo 3 de diciembre a la Directora de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanitat y al Gerente del Área de Salud del Hospital General de Alicante por la falta de EPIs para el personal sanitario al inicio de la pandemia.

Para el resto de empresas (el grupo b anteriormente comentado), no se trata tanto de cumplimiento de las medidas de PRL, puesto que la exposición al virus no forma parte de su proceso productivo, sino de unas consignas sanitarias generales, que no eliminan el riesgo de contagio, sino que intentan minimizarlo.

No obstante mediante Nota informativa (https://www.cenforpre.net/web/wp-content/uploads/Nota-Informativa_Covid_Posible-consideracion-Recargo-de-prestaciones-por-falta-de-medidas-de-seguridad.pdf) se ha clarificado que el incumplimiento de medidas sanitarias también puede dar lugar al recargo de prestaciones.

Más difícil parece la imputación penal, aunque no pueda descartarse, y sí parece viable la reclamación de daños y perjuicios por parte del trabajador afectado. Por si acaso, no sería mala idea ir revisando la póliza de RC y comentando con la compañía si daría cobertura o no. Por cierto, si en el caso de los sanitarios y socio-sanitarios se considerara enfermedad profesional, cabe recordar que la mayoría de las pólizas excluyen esta contingencia de la cobertura,


7.- Un marco de prevalencia del interés general

En este contexto hay aspectos como la protección de datos de carácter personal, que quedan subordinados al interés general.

El coronavirus es una enfermedad de declaración obligatoria y el conocimiento de los trabajadores afectados es imprescindible para poner en marcha el seguimiento sanitario de los contactos.

Por ello, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) aclaró que los trabajadores deben informar a la empresa si presentan síntomas (https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-03/FAQ-COVID_19.pdf).

Además, quién detecte un positivo mediante la realización de test, debe comunicarlo a la autoridad sanitaria competente (Orden SND/344/2020, de 13 de abril).


a) La toma de temperatura

Otra cuestión que ha suscitado mucho debate es si las empresas pueden tomar la temperatura de los trabajadores antes de entrar al trabajo (no tengo criterio para discriminar si el límite debe ser 37, 37’3 o 37,5).

Como no podría ser de otra manera, encontramos posicionamiento dispares:

- La AEPD avala esta práctica como parte de la Vigilancia de la Salud y entiende que debe efectuarla personal sanitario.

- OSALAN lo desaconseja (No está indicado realizar una toma de temperatura previa a iniciar el trabajo dentro de la empresa, https://www.osalan.euskadi.eus/coronavirus/-/covid19-preguntas/), sugiriendo que el trabajador se tome la temperatura en su domicilio y en caso de fiebre informe y deje de asistir a la empresa.
Considero que debe ser posible tomar la temperatura, puesto que es una medida (no creo que forme parte de la Vigilancia de la Salud en los términos del artículo 22 de la LPRL) proporcionada, si consideramos las menores molestias que ocasiona el empleado y el beneficio que se consigue al evitar posibles focos de contagio.

No obstante, no puede hacerse de cualquier manera:

- Debe hacerse con participación de los representantes de los trabajadores.

- Debería realizarse de forma universal para evitar que se considere discriminatoria. Es decir, para toda la plantilla que vaya a compartir el espacio de trabajo, y por ende, su salud pueda incidir en la salud de los demás. No se entendería una prueba jerarquizada o por categorías.

- Debe realizarse por parte de personal designado por parte de la empresa (dotado de los medios de protección oportunos) y conocido por el resto de compañeros.

Parece excesivo que la toma de temperatura deba realizarla personal sanitario, puesto que los termómetros por infrarrojos son de fácil manejo (al margen de las pantallas térmicas, que están apareciendo) y el dato obtenido no requiere interpretación, más allá de estar por encima o debajo del umbral fijado.

En este sentido, estaremos atentos a la sentencia que emita el TSJ de la Comunidad Valenciana sobre si se puede obligar a los Vigilantes de seguridad a tomar la temperatura de los empleados.

Ya se celebró la vista y la nota de prensa resume los argumentos de cada una de las partes:

- Lo importante es el uso y destino de los datos recabados. Deben utilizarse con la única finalidad de impedir el acceso de una persona sintomática e identificar a los posibles contactos para que inicien seguimiento.

Deberemos ser cautelosos a la hora de comunicar a los compañeros. Es mejor hablar de puesto de trabajo que dar nombre y apellidos, aunque sea inevitable que se acabe deduciendo quién era.

Por otro lado, la conservación de los datos no tendrá mucho sentido, puesto que la temperatura puede variar de un día a otro.

Más comprometido veo el caso de las pantallas térmicas que incluyen reconocimiento facial a partir de una fotografía del trabajador. Aquí ya estaríamos almacenando datos biométricos/de imagen durante un tiempo y por ello, debería articularse muy bien su protección.

Adjunto el Comunicado de la AEPD en relación con la toma de temperatura por parte de comercios, centros de trabajo y otros establecimientos, de 30 de abril:


Si se quiere ampliar la discusión, adjunto el Link a un artículo publicado por mi nuevamente buen colega Ramón Pérez Merlos y al debate que ha suscitado en Linkedin:
https://www.linkedin.com/posts/ram%C3%B3n-p%C3%A9rez-merlos-28b0302b_la-toma-de-temperatura-en-el-centro-de-trabajo-activity-6657889502830428160-Jspi

Debe tenerse en cuenta que la temperatura era uno de los tres síntomas que inicialmente se identificaron (junto al cansancio y tos seca), pero que con la llegada del virus a Europa y Estados Unidos, los síntomas reconocidos por la OMS y otras autoridades se han incrementado a dificultad respiratoria, achaques, dolor de garganta, diarrea, náuseas y falta de olfato y gusto. Recientemente (20 de mayo) la OMS ha añadido como síntomas, las dificultades en el habla" o en la movilidad.

Por ello, un cuestionario de salud que incluya el chequeo de todos estos síntomas, puede ser más eficaz que la mera toma de temperatura.

b) La realización de test

La realización de test es uno de los elementos básicos en la lucha contra el coronavirus en la medida en que puede ayudar a evitar los contagios por parte de personas asintomáticas y ver quién ha pasado ya el virus y puede estar más inmunizado frente al mismo.

Actualmente hay dos tipos de test: los que permiten saber quién está contagiado en ese momento (PCR) y los que detectan anticuerpos.

Cada tipo tiene sus pros y sus contras:

- Los PCRs tienen la virtud de permitir aislar a los contagiados asintomáticos, pero son una foto del momento, que puede variar al cabo de unos días. Su eficacia aumenta a partir del séptimo día de contagio, por lo que no es descartable que un negativo cambie a positivo en un plazo corto.

- Los test serológicos ofrecen un dato de anticuerpos que permite intuir una mayor inmunidad frente al virus, pero sin que pueda descartarse que vuelvan a contagiarse. 

Por ello, se requiere la práctica e interpretación de resultados por parte de personal sanitario. Asimismo, deberán adoptarse las medidas de protección de datos de carácter personal.

Debemos evitar tomar medidas basadas en una “falsa sensación de seguridad”, por lo que no minoraremos las medidas de prevención/protección en ningún caso.

Dicho esto, nada habría que objetar a que las empresas acordaran con la Representación Legal de los Trabajadores la realización de este tipo de pruebas a sus plantillas, como una medida más de prevención de contagios.

No obstante, la escasez de medios llevó al Ministerio de Sanidad a establecer criterios de priorización, determinando que estas pruebas se realicen, bajo prescripción médica, a personal sintomático, sensible o de sectores esenciales, al margen de establecer la obligación de comunicar los positivos a la Autoridad Sanitaria.
Orden SND/344/2020. Esta Orden dejó de estar en vigor al finalizar el estado de alarma.

Instrucciones sobre la realización de pruebas diagnósticas para la detección del COVID-19 en el ámbito de las empresas, actualizado a 30 de junio

Documento técnico Toma y transporte de muestras para diagnóstico por PCR (18 de mayo)

Las Comunidades Autónomas están publicando resoluciones que concretan la Orden a su ámbito competencial.

Y aquí solo puedo remitirme a notas de prensa: de la requisa de test a Siemens Gamesa, desmentida por el Ministro de Sanidad, a una mayor permisividad actual, incluyendo la contratación por parte del Ministerio de Trabajo para sus empleados del SEPE (con carácter voluntario).

Cada vez son más empresas las que están implantando esta medida. SEAT está realizando PCRs a sus 15.000 trabajadores que reemprenden actividad, e incluso lo exige a las subcontratas que accedan a su recinto. Iberia ha tomado una iniciativa similar, mientras la CEOE-Aragón monta un dispositivo para facilitar test masivos a todas las empresas.

Notas de prensa:

8.- Una PRL post-coronavirus

Como en el resto de sectores, serán necesarios cambios en la manera de hacer la PRL después del coronavirus.

A modo de ejemplo, apunto algunas posibles vías:

a) La gran mayoría de reconocimientos médicos son voluntarios, por lo que es predecible que los trabajadores no quieran venir, por el riesgo que supone para si mismos y para los propios sanitarios. Deberá replantearse el reconocimiento tradicional, dando entrada a cuestionarios de salud y a la telemedicina. De este modo, conseguiremos llegar a más gente y particularizar aquellos casos en los realmente se necesita la visita presencial, adoptando las medidas de seguridad oportunas.

No olvidemos que la Guía básica y general de orientación de las actividades de vigilancia de la salud para la prevención de riesgos laborales, publicada el año pasado, propone (sin que nadie haya hecho demasiado caso) que la calificación de aptitud se emita únicamente en los casos de obligatoriedad.

Todo ello exigiría un cambio de cultura en torno a la Vigilancia de la Salud, superando el concepto de la mayoría de gestores de Coordinación de Actividades Empresariales (los famosos CAEs) de exigir un certificado/semáforo a todo el mundo para entrar por la puerta.

No olvidemos que además de las dificultades del coronavirus, debemos hacer frente al hecho que en 5 o 10 años no habrá suficientes Médicos del Trabajo ni DUEs de Empresa para atender a la población laboral.

b) Las formaciones presenciales tendrán dificultades, por lo que habrá que adaptarlas o permitir imparticiones telemáticas. Las herramientas de hoy día son mucho más versátiles que las que teníamos cuando entró en vigor la LPRL.

c) Deberá darse un apoyo psicológico-sanitario a los trabajadores para superar el miedo al contagio en el entorno laboral. Si queremos evitar bajas por ansiedad, debemos dar tranquilidad a los empleados, del mismo modo que los negocios de cara al público harán con sus clientes.

d) El maldito coronavirus dará oportunidad a que la PRL esté más presente en todo lo que se haga en la empresa. Debemos aprovechar este impulso para que sirva, no solo para minimizar el riesgo de contraer la enfermedad, sino también para evitar la caída al pisar una claraboya, o al resbalarse la escalera, o al desatascar la máquina sin pararla, o al caer la carga…


Saludos, y más que nunca, ánimos.

2 comentarios:

  1. Un gran trabajo sobre el tema de la PRL y la pandemia del Coronavirus Covid19. Nos hemos ido encontrando nuevas normativas con carácter de urgencia, atropelladas por los números de infectados y muertos, sin tiempo para asimilar su contenido y filosofía. Has realizado un repaso, muy documentado para mi entender muy esclarecedor de temas muy confusos. Felicidades!

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  2. Hola, soy docente en Andalucía y me plantea muchas dudas si las Instrucciones que nos obligan a los equipos directivos a elaborar un Protocolo Covid son legales o si cualquiera (sin formación específica puede elaborarlo? Nos han facilitado un modelo de protocolo de actuación homologado, único para todos los centros, sin tener en cuenta el tipo de enseñanzas, el habitáculo concreto, la ocupación, etc.
    Me pregunto por la competencia, por la responsabilidad que conlleva para personal no cualificado y por en cierta medida el intrusismo profesional que supone.
    Las instrucciones a las que me refiero están aquí:https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/200706%20Instrucciones%20inicio%20de%20curso%202020_2021(F).pdf
    Y el Protocolo que debemos elaborar tiene que incluir:
     Composición Comisión Específica COVID-19.
     Actuaciones previas a la apertura del centro.
     Actuaciones de educación y promoción para la salud.
     Entrada y salida del centro.
     Acceso de familias y otras personas ajenas al centro.
     Distribución del alumnado en las aulas y en los espacios comunes
     Medidas de prevención personal y para la limitación de contactos. Establecimiento, en
    su caso, de grupos de convivencia escolar
     Desplazamientos del alumnado y del personal durante la jornada lectiva.
     Disposición del material y los recursos.
     Adaptación del horario a la situación excepcional con docencia telemática.
     Medidas organizativas para el alumnado y el profesorado especialmente vulnerable, con
    especial atención al alumnado con necesidades educativas especiales.
     Medidas específicas para el desarrollo, en su caso, de los servicios complementarios de
    transporte escolar, aula matinal, comedor escolar, actividades extraescolares.
     Medidas de higiene, limpieza, y desinfección de las instalaciones, y de protección del
    personal.
     Uso de los servicios y aseos.
     Actuación ante sospecha o confirmación de casos en el centro.
     Atención al alumnado en residencias escolares, en su caso.
     Organización de pruebas extraordinarias de septiembre, en su caso.
     Difusión del protocolo y reuniones informativas a las familias.
     Seguimiento y evaluación del protocolo
    Muchas gracias.

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