El TSJ de Madrid ha dictado una sentencia reciente, Sala Social secc 5, de 7 de abril de 2025, núm. 297/2025, que a pesar de ser anterior a la entrada en vigor el 1 de mayo de la Ley 2/2025, aplica ya la obligación empresarial de intentar adaptar o reubicar a la persona, derivada de la sentencia del TJUE de 18 de enero de 2024 conocida como caso Ca Na Negreta.
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/be8536a273eb4f3ea0a8778d75e36f0d/20250526
Después de completar la tramitación legislativa, cuya evolución hemos ido siguiendo en https://www.linkedin.com/groups/4658973/, ya tenemos la Ley 2/2025, de 29 de abril, por la que se modifican el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, en materia de extinción del contrato de trabajo por IP de las personas trabajadoras, y el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en materia de incapacidad permanente.
https://www.boe.es/boe/dias/2025/04/30/pdfs/BOE-A-2025-8567.pdf
En el Congreso Prevencionar del pasado 29 de septiembre, tuve ocasión de comentar los 10 años de resúmenes normativos y jurisprudenciales en PRL, así que, aunque ya estemos en febrero, con demasiada demora y extensión, vamos con el de 2023.
2023
ha sido un año menos prolífico que 2022, pero con algunas cuestiones que
conviene no pasar por alto: normativa dispersa que ha tocado varios temas,
sentencias interesantes e incluso una condena superior a dos años de prisión y
el comentario final en el que he intentado tocar temas controvertidos, como siempre
respetando que pueda haber opiniones y criterios divergentes.
1) Protocolo de acoso o violencia contra personas LGTBI.
2) Definición de acoso según Convenio OIT 190 vigente dese el 25 de mayo.
3) No discriminación por
discapacidad.
4) Prórroga automática de IT al
sobrepasar los 365 días.
5) Consideración como contingencia
profesional de la IT tras interrupción del embarazo.
6) Modificación del horario en situaciones de alerta por altas
temperaturas.
9) Otras normas, reglamentos, convenios colectivos y documentación de organismos
oficiales.
B) Jurisprudencia:
1) Calificaciones de aptitud, ineptitud sobrevenida e incapacidades
(referencia a la reciente sentencia del TJUE).
2) Despidos disciplinarios relacionados con la vigilancia de la salud.
3) Condena penal a dos años y tres meses para empresario de la
construcción.
4) Acoso, daño moral, despido y delito.
5) Sanciones administrativas,
recargos de prestaciones e indemnizaciones civiles.
6) Extinción del contrato de trabajo por incumplimiento empresarial PRL.
7) Posibilidad de acumular el crédito horario por parte de los delegados
de prevención.
1) Reforma de la LPRL.
2) Silicosis en marmolerías.
3) Reconocimiento médico de VS
y acoso sexual.
4) Recargo de prestaciones y
obligatoriedad de reconocimientos médicos según rtLGSS.
5) Mandos intermedios y ius
resistentiae.
6) Agradecimientos.
La presente sentencia (TSupremo, Sala Social, de 9 de diciembre de 2021, núm. 1244/2021: https://bit.ly/3FoVcfa) resuelve un aspecto muy concreto: si por pertenecer al Comité de Seguridad y Salud, los trabajadores designados por la empresa, gozan de las mismas garantías reconocidas a los Delegados de Prevención (art. 37.1 LPRL) y a los integrantes de la modalidad preventiva interna (art. 30.4 LPRL).
Este año el resumen viene inevitablemente marcado por el impacto del coronavirus en todos los ámbitos de la sociedad y también en el ámbito específico de la PRL.
Todo cambió en marzo, con la declaración de estado de alarma y la implantación de una legalidad de excepción, una legalidad COVID-19, que ha supuesto regular y restringir aspectos tan esenciales de la vida como si podemos salir o no de casa, o de nuestro municipio, o con cuanta gente podemos cenar, o cuantos podemos ir al entierro de un familiar…
Con la paradoja, en los primeros momentos de la pandemia, de convertir al ciudadano en sujeto improvisado de productos sanitarios o equipos de protección (aunque fuera, relativa protección), a la vez que los profesionales de la sanidad se veían obligados a exponerse al riesgo sin las debidas protecciones, por la escasez de medios e imposibilidad de paralizar su actividad.
Dada la profusión de Reales Decretos-Ley y de versiones de los documentos del Ministerio de Sanidad (el Procedimiento de actuación de los SP frente al coronavirus ha tenido 12 versiones de marzo a diciembre), en el presente resumen anual me limitaré a las disposiciones vigentes.
Si se quiere un recorrido cronológico completo, se puede consultar el artículo Aspectos Jurídicos del coronavirus y la PRL (https://bit.ly/AJC19PRL) que actualizo semanalmente y lleva más de 5.000 visitas en el blog Aspectos Jurídicos de la PRL (www.aspectosjuridicosprl.blogspot.com). También voy publicando las novedades en el grupo de Linkedin de mismo nombre (https://www.linkedin.com/groups/4658973) que durante la pandemia ha pasado de 2.100 a 3.300 seguidores.
Y aunque casi todo haya sido la pandemia, destacaré también otra normativa y jurisprudencia relevante en PRL, como la regulación del trabajo a distancia, o la modificación del RD 665/1997 de agentes cancerígenos.
Por último, terminaré con el comentario de costumbre, en un año en el que tenemos mucho qué pensar sobre el papel de la PRL, de los Servicios de Prevención, de su desregulada colaboración con las Administraciones Públicas y de la PRL post-coronavirus.
